Introducción
Humberto García Larralde, Academia Nacional de Ciencias Económicas, humgarl@gmail.com
El
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) de la Fundación
Friedrich Ebert en Caracas, Venezuela, a través de su Observatorio de Economía que
coordina el economista Víctor Álvarez, desea contribuir al debate
económico nacional con una propuesta
de Programa de Estabilización Económica con Bienestar Social para
superar la grave situación en que se encuentra actualmente el país y echar las
bases para su crecimiento sostenido con equidad. Entre sus elementos centrales
debe estar la superación del actual esquema cambiario que rige las
transacciones con el extranjero, asociado con la hiperinflación, las
corruptelas y el desabastecimiento que tan negativamente afectan el bienestar
de los venezolanos. Su superación motiva la propuesta del presente documento.
El trabajo se
inicia con unas consideraciones conceptuales acerca de lo que se entiende por
régimen y por política cambiaria. Resume luego aspectos de la configuración del
actual régimen de control de cambio en Venezuela y sus perversos efectos
económicos. Ello se enlaza con las distorsiones macroeconómicas que han
provocado la hiperinflación que hoy empobrece tanto a los venezolanos. Algunas
implicaciones microeconómicas, en particular sobre la remuneración real, son
expuestas de seguidas. Emerge un ajuste de naturaleza contractiva instrumentado
por el gobierno de Maduro ante las actuales adversidades, que descarga su mayor
peso sobre los sectores de menores recursos. Humberto García Larralde, Academia Nacional de Ciencias Económicas, humgarl@gmail.com
El imperativo
de superar la situación descrita con un nuevo esquema cambiario que coadyuve
con la derrota de la hiperinflación y el rescate del bienestar de los
venezolanos hace de la credibilidad en las políticas instrumentadas la
condición medular para su éxito. Con esta premisa se examinan en el trabajo algunos
problemas relacionados con la propuesta de dolarizar a la economía. Tanto esta
idea, como otras que se fundamentan en la unificación y liberación del tipo de
cambio, subrayan la importancia decisiva que tiene la consecución de un
generoso financiamiento externo en el corto plazo. Las reservas comentadas
respecto a propuestas examinadas en el escrito llevan a plantear como política cambiaria
la unificación del tipo de cambio en un régimen de libre concurrencia de precio
flexible, amparado en un programa de estabilización consistente y el respaldo
financiero internacional. Se plantea liberar primero las transacciones de la
cuenta corriente para que, superados los riesgos iniciales de esta liberación y
habiendo negociado un buen financiamiento con la banca multilateral, se culmine
la unificación del tipo de cambio liberando también a la cuenta financiera y de
capital, en un ambiente de confianza.
Una vez estabilizada
satisfactoriamente la moneda, es criterio del trabajo que la política cambiaria
se oriente a mantener el precio de la divisa en torno a sus valores reales de
equilibrio. La determinación de éstos obliga a entender la naturaleza de la
“paradoja cambiaria” que caracteriza a Venezuela, en la cual la captación de
rentas internacionales por la exportación de crudos tiene un efecto distorsionante.
Emerge el papel central del salario y de la productividad como variables de
ajuste para la factibilidad del objetivo propuesto. A pesar de ciertas
dificultades metodológicas en la determinación del tipo de cambio real de
equilibrio, los bajísimos salarios de hoy dan una holgura de confianza para su provechosa
prosecución. En función de ello, debe instrumentarse una estrategia basada en
la perentoria mejora de la productividad para permitir que las remuneraciones
reales puedan aumentar rápidamente. Finalmente, se examinan algunas
implicaciones monetarias de la política propuesta y su relación con el
usufructo de las rentas petroleras por parte del gobierno central, proponiendo como
alternativa que sean destinadas a fondos que proveerían los recursos para
proyectos específicos, en el marco de unas reglas de asignación y gasto consensuadas
a nivel nacional. El conjunto de elementos que conforman la política expuesta
implica algunas modificaciones institucionales, que son enumeradas para cerrar.
El trabajo
culmina con unas breves conclusiones.
Consideraciones iniciales
El tipo de cambio es la relación en que se intercambia
la divisa con la moneda nacional. Planteado como precio, se le llama también tasa de cambio. Es uno de los precios
básicos que atraviesan la economía y, por tanto, aparece como factor en la
estructura de costos de toda producción, junto a la remuneración del trabajo,
la tasa de interés y el precio de la energía.
Refleja el poder de compra externo de la moneda nacional, lo cual da
lugar al concepto de tipo de cambio real (TCR).
Éste estará en equilibrio (TCRE) si el
precio a que se cotiza la divisa iguala el poder de compra externo de la moneda
con el interno.
El régimen cambiario se refiere al marco
institucional en el que se transa la moneda local por divisas. Es decir,
determina las reglas con base en las cuales funciona el intercambio de monedas.
Puede operar como un régimen controlado (control
de cambio) o como uno de mercado de libre
concurrencia.
La política cambiaria expresa los objetivos
buscados con el tipo de cambio y los instrumentos utilizados para ello. Por
ejemplo, si el objetivo es “anclar” el sistema de precios domésticos, la
política puede ser mantener fijo el precio de la divisa o rezagar su ajuste con
relación al diferencial de inflación con los principales socios comerciales del
país. Si el objetivo de la política cambiaria es mejorar la competitividad de
importantes sectores de la economía nacional en los mercados mundiales, podrá instrumentarse
una política de subvaluar del tipo de
cambio o, en todo caso, una que evite su sobrevaluación.
En el caso de que el sector público tuviese una balanza de pagos superavitaria,
como ha sido el caso del estado venezolano en el pasado por ser dueño de la
industria petrolera, la devaluación de
la moneda puede ser utilizada para ampliar sus ingresos. Un objetivo contrario puede
ser abaratar las importaciones y fortalecer el poder de compra de la moneda nacional
en procura de réditos político-electorales del partido de gobierno. Sus
instrumentos de política se orientarían a sobrevaluar
el tipo de cambio.
Estos ejemplos indican
que el manejo del tipo de cambio afecta la asignación de recursos productivos,
como la manera en que se distribuye el ingreso entre sectores de la economía y/o
entre empresas e individuos al incidir en el valor comparativo de su posición
neta de activos en moneda nacional (con relación a otras divisas), así como en
los precios relativos entre bienes domésticos y extranjeros.
En un régimen de
control de cambio las cantidades
transadas de divisas por moneda local son administradas por una autoridad
central. La política cambiaria fija
el precio de la divisa a una tasa diferente de la que resultaría de la
interacción de las fuerzas de mercado, presumiblemente en atención a
prioridades fijadas por el gobierno. Como la demanda excede la oferta, es
menester racionar las divisas y aparece invariablemente un mercado paralelo o
“negro”, generalmente ilegal, en el cual se transan a un precio superior. El
control de cambio suele justificarse ante ataques especulativos contra la
moneda local motivados por la desconfianza en que un tipo de cambio pueda
sostenerse. Su aplicación restringe las salidas de capital, pretendidamente para
defender el valor de la moneda local y proteger las reservas internacionales. No
obstante, los incentivos para saltarse las restricciones administrativas impuestas
llevan a distinguir entre un régimen de control de cambio de jure y su comportamiento de
facto más flexible: al mermar las reservas internacionales y reducirse el
financiamiento internacional suele ajustarse el precio de la divisa. A ello
contribuye también la mayor relevancia que cobra el mercado paralelo como
fuente de divisas, terminando por imponerse como marcador de precios domésticos
y para la asignación de recursos (Sáez, et.
al., 2017).
Un régimen
cambiario de libre concurrencia se
rige por la interacción de las fuerzas del mercado, matizadas o no por cierto
grado de intervención externa. Según la política cambiaria perseguida, puede
implicar un tipo de cambio fijo o uno flexible. En el caso de querer mantener fijo
el precio de la divisa, deberá subordinarse a este fin la política monetaria. La
política de tipo de cambio fijo es vulnerable a la acción de fuerzas que puedan
alterar el equilibrio entre oferta y demanda, como son los shocks externos, una
gestión pública deficitaria, políticas monetarias inconsistentes, percepciones
de riesgo y/o ataques especulativos. Un caso extremo de tipo de cambio fijo bajo
un régimen de libre concurrencia fue el de la Caja de Conversión implantada en Argentina bajo la presidencia de
Carlos Menem (Purroy, 2000), en la que una Junta Monetaria aseguraba por ley que
cada peso de la base monetaria debía tener como respaldo un dólar. A pesar de
tal restricción el peso se fue sobrevaluando, con sus consecuentes déficits en
cuanta corriente. Al secarse el financiamiento externo por la percepción de que
la economía argentina no iba a poder sostener su tipo de cambio ante los
coletazos de la crisis asiática y del rublo, como de la devaluación brasileña, se
generó una crisis económica que obligó a desmontar este esquema.
Una política de tipo de cambio flexible puede adoptar
diversas formas: flotación limpia, flotación sucia o a través de un sistema de
bandas que pueden o no deslizarse. La flotación limpia resulta de la libre
interacción de la oferta y la demanda en la determinación del precio de la
divisa. La flotación sucia implica la intervención de un agente público como
oferente (o demandante) de divisas para incidir en la formación de su precio.
Fue el caso del “crawling peg”
instrumentado durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (CAP),
caracterizado por una intervención del Banco Central de Venezuela (BCV) –principal
oferente de divisas en ese entonces por la obligación de PdVSA de venderle sus
dólares-- orientada a que el bolívar conservara su poder de compra real
externo, deslizando su valor con respecto al dólar (depreciación) en atención
al diferencial de inflación entre Venezuela y EE.UU. La intervención pública puede
estar acotada por un precio “techo” y un precio “piso” previamente establecidos,
conformando unas “bandas” (que pueden correrse con el tiempo) con respecto a
las cuales se busca que no salga la cotización de la divisa. Fue el sistema
implantado hacia el final del segundo gobierno de Rafael Caldera, posterior al
levantamiento del control de cambio en 1996. Por último, un cambio fijo que es
ajustado con alguna frecuencia constituye un soft peg, para distinguirlo de tipos de cambio rígidos (hard peg). Cosa distinta es una política
de unificación y sustitución monetaria, como la que llevó al euro, o de
adopción de la moneda de otro país, como es el caso de la dolarización en
Panamá o Ecuador.
Cabe señalar que
mantener fijo el precio de la divisa fue la política proseguida bajo el patrón
oro y luego bajo el esquema de Bretton Woods acordado a finales de la II Guerra
Mundial. El levantamiento de la obligación de respaldar el valor del dólar en
oro de por parte del gobierno de Richard Nixon, los cambios tecnológicos que
trajo la electrónica y las telecomunicaciones, y la consecuente flexibilización
y liberalización de las transacciones de la cuenta capital y financiera de los
principales países del mundo, hizo de la flexibilidad cambiaria el patrón predominante.
Hoy, la globalización de los mercados financieros y la estrecha
interdependencia que se deriva de los flujos de inversión, comerciales y de crédito
imponen compromisos al marco institucional que regula el intercambio con el
resto del mundo, que condicionan el margen de acción de las políticas monetarias
y fiscales en cada país. Ante estas restricciones un tipo de cambio fijo puede representar
una camisa de fuerza inconveniente.
El control de
cambio actual en Venezuela
El régimen cambiario existente en Venezuela hoy es controlado. Fue instrumentado
a partir del 5 de febrero de 2003[1],
pretendidamente para defender las reservas internacionales de la nación ante la
caída de los ingresos por exportación de petróleo, lograr la estabilidad de la
moneda y asegurar la continuidad de los pagos internacionales, en el marco de
las dificultades provocadas por la crisis política de los años 2002-3. Se
estableció una Comisión de Administración
de Divisas (CADIVI) para administrar las transacciones en divisas y se
acompañó en septiembre de 2005 de una Ley
de Ilícitos Cambiarios[2]
que penalizaba la compraventa de divisas fuera de los canales establecidos para
ello y castigaba usos diferentes de las divisas a los que fueron señalados en
su solicitud. Las compras en moneda nacional de títulos valores emitidos en divisas
por la República fue regulado a través del Convenio Cambiario N° 4[3].
Al quedar por fuera operaciones con títulos valores privados, se conformó un
mercado de permutas para transar tales papeles en bolívares por divisas, cuya
cotización rebasaba su precio oficial. Por esta vía se canalizaron también
operaciones de notas estructuradas por
el Ministerio de Finanzas, combinando títulos de deuda argentina, venezolana y
de otras fuentes, lo que permitió franquear las restricciones de la Ley de
Ilícitos Cambiarios y obtener ganancias de arbitraje entre los diferentes
precios del dólar. La reforma de esta Ley el 27 de febrero de 2008[4],
abrió las vías para legalizar el mercado indirecto (de permuta) de compraventa
de divisas a través de la bolsa de valores y de las casas de cambio.
Posteriormente, ello fue regulado a través del Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (SITME),
avalado por el Convenio Cambiario N° 18 del 4 de junio de 2010[5].
Por otro lado, en 2005 se había creado el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) y se reformó la Ley del BCV para
eximir a PdVSA de la obligación de entregarle las divisas provenientes de sus
exportaciones. Parte de estas divisas se reorientaron al Fonden, convirtiendo a
PdVSA en oferente de divisas y eliminando el monopolio que, a tal efecto, tenía
por ley el instituto emisor.
Por intermedio de estas y otras modificaciones, fue estableciéndose un
mercado dual de divisas que permitió obviar muchas de las restricciones del
control de cambio. El diferencial de precio alimentó ganancias de arbitraje que
desviaban las transacciones en divisas de los fines para los cuales
pretendidamente deberían asignarse. Con miras a cerrar la brecha entre precios,
el tipo de cambio oficial fue devaluado en 2010 y de nuevo en 2013, año en que
fue eliminado el SITME. No obstante, ya estaba firmemente establecido el
mercado paralelo, de gran visibilidad, que recogía los efectos de las
distorsiones macroeconómicas ante un tipo de cambio controlado. De duplicar el
tipo de cambio oficial en 2010, el dólar paralelo pasó a cotizarse diez veces por
encima a finales de 2013 y más de cien veces superior en 2015. Tales brechas dieron
lugar a la creación del Sistema Marginal
de Divisas (SIMADI) ese año, luego convertido en Divisas Complementarias (DICOM), con la intención de “desactivar”
el mercado paralelo. Ha operado a través de subastas supuestamente dirigidas al
pago de importaciones no esenciales por parte del sector privado y para atender
sus compromisos financieros. Sin embargo, la caída en los precios de
exportación del crudo y el peso del servicio de la deuda externa pública restringieron
cada vez más las divisas asignadas a este sistema, llevando a que se disparara aún
más el mercado paralelo, único disponible en la práctica para la obtención de dólares
por parte del sector privado. El día en que fue eliminada la tasa oficial de
Bs. 10 / USD[6]
(sistema de Divisas Protegidas -DIPRO),
el precio del llamado “dólar paralelo” era más de 26.000 veces superior. Al
momento de escribir estas líneas, la tasa oficial de cambio es única, resultado
de un sistema opaco de subastas, cuya última cotización (6 de abril, 2018)
arrojó un precio promedio de Bs. 49.347,32 por USD, todavía varias veces
inferior al precio en el mercado paralelo.
La brecha cambiaria ha vulnerado el sentido de tener un tipo de cambio
fijo, obligando a su devaluación repetida, con lo que pierde su función de
ancla (nominal) de precios. La cotización del dólar en el mercado paralelo–que
se retroalimenta con la inflación—pasa a servir de marcador de muchos precios
domésticos. Hoy existe nula confianza en la estabilidad del bolívar, dando
lugar a enormes ganancias especulativas que le han imprimido a las
transacciones en moneda extranjera una dinámica basada en la búsqueda de
rentas, en detrimento de su aplicación productiva.
Efectos del
control de cambio
Cabe señalar que el control de cambio es defendido en la literatura
económica como una medida de emergencia de aplicación temporal. Una vez
cumplidos sus objetivos se recomienda que sea levantado, ya que su perpetuación
genera distorsiones que terminan siendo perjudiciales. La experiencia de control
de cambio en Venezuela instrumentada en 1960 bajo el gobierno de Rómulo
Betancourt en respuesta a la fuga de capitales asociados a la dictadura recién
depuesta de Marcos Pérez Jiménez, la caída en los precios de petróleo ese año y
la desconfianza que existía sobre el rumbo a seguir por parte del nuevo
gobierno, fue exitosa. Este control se levantó tres años más tarde (1964) al devaluar el
bolívar de una paridad de 3,09 Bs. por dólar, a una de Bs. 4,40. No obstante, su
impacto sobre los precios domésticos –el pass-through--
fue mínimo, equivalente a apenas un 2,1% en la variación del Índice de Precios
del Consumidor (IPC) para el área metropolitana de Caracas en 1964, índice que
disminuyó en los años subsiguientes hasta alcanzar un registro de variación
cero en 1967, según registros del BCV.
Cuadro
N° 1
FUENTE: BCV; Reporte ante Securities and Exchange Commission de
EE.UU.; DolarToday; y cálculos propios
Si bien el actual control de cambio también se anunció como medida de
emergencia en los términos anteriormente señalados, con el tiempo se tornó en
un elemento permanente de la política del gobierno, arrojando efectos negativos
sobre las actividades económicas. Sus resultados en este plano han sido muy perjudiciales,
como queda resumido en el Cuadro N° 1. Se observa que, lejos de proteger las
reservas internacionales, éstas terminaron, para el 23 de marzo 2018, un tercio
menor a las existentes el 05 de febrero de 2003, cuando se implementó el
control de cambio. El valor del bolívar al tipo de cambio oficial para esa
fecha era apenas un 0,000032avo del valor de entonces. Si se compara con el
precio del dólar en el mercado paralelo, tenía para el 23 de marzo un valor de un
0,0000069avo de cuando se implantó el control de cambio. Por último, al
comparar los montos de salida de capitales por distintos conceptos entre 2003 y
finales de 2016 --último año para el cual se dispone de cifras oficiales-se
observa que bajo el control de cambio ha salido más del 70% del total
registrado desde 1959, 3,5 veces más que en los cuarenta años que van desde
1959 a 1998. La mayor parte ocurrió por las Cuentas
Financieras y de Capital, y de Errores
y Omisiones de la Balanza de Pagos[7].
Más allá de las cifras reseñadas, pueden mencionarse los siguientes
efectos del control de cambio implantado en 2003:
1) Ha instaurado un
racionamiento de la divisa con base en una tasa oficial artificialmente barata que
sobrevalúa exageradamente el bolívar;
2) Alimenta un mercado negro o “paralelo”
en el que la cotización del dólar es superior en varias órdenes de magnitud a
la de la tasa oficial;
3) Propicia corruptelas
diversas[8]
para acceder al dólar preferencial y revenderlo en el paralelo (arbitraje
especulativo), en detrimento de su aplicación para fines productivos;
4) Destruye el aparato
productivo doméstico al importar el Estado bienes e insumos libres de impuestos
con un bolívar sobrevaluado, con los que no puede competir;
5) Raciona severamente la
divisa a la tasa oficial, lo cual restringe drásticamente la importación de insumos y de equipos para la producción
del sector privado, así como de bienes de consumo final, más cuando el gobierno prioriza pagar el servicio de la
deuda pública externa;
6) Alimenta la inflación porque el racionamiento de las divisas
obliga a acudir al mercado paralelo para muchas importaciones y otros pagos;
7) Fomenta expectativas adversas acerca del valor del
bolívar por la volatilidad del dólar en el mercado paralelo y, recientemente,
de la tasa oficial; y
8) Crea problemas de caja a PdVSA al obligarla a vender
las divisas producto de sus exportaciones a una tasa preferencial sobrevaluada
que infla sus costos en bolívares. Estos problemas han sido solventados con la
emisión monetaria del BCV, causante de la hiperinflación que actualmente sufre
el país. Ello siembra incertidumbre y desconfianza respecto a las actividades
económicas e inhibe la iniciativa privada y las inversiones, tanto nacionales
como extranjeras.
La reseña anterior ilustra el fracaso económico del control de cambio y
pone en evidencia que su permanencia persigue otros fines, de naturaleza
política. Los gobiernos de Chávez y Maduro han buscado privilegiar el usufructo
de las divisas por parte del Estado, sobre todo al caer los precios del
petróleo a partir del último trimestre de 2014. El régimen de cambio controlado
ha servido para controlar al sector privado, condicionando la entrega de
dólares preferenciales a su comportamiento con respecto al gobierno, o solo sí se
usan para actividades que éste considera prioritarias. Su finalidad política la
confirma Aristóbulo Istúriz cuando ejercía el cargo de Vicepresidente de la
República:
"Si
quitamos el control de cambio nos tumban, el control de cambio aquí es una
medida política no una medida económica. Esa es la verdad y nosotros no nos
podemos dejar tumbar, primero que nos maten porque nosotros tenemos un
compromiso con nuestro pueblo, y Chávez y el pueblo es lo mismo".[9]
Aspectos macroeconómicos
Las distorsiones del régimen de control de cambio anteriormente referidas
se asocian al divorcio de las políticas fiscales y monetarias instrumentadas
por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro con objetivos de
estabilización de la economía y con sus repercusiones en el sector externo. De
hecho, el cepo impuesto a las cantidades de divisas transadas por el control de
cambio elimina una de las patas del conocido “trilema” que enfrentan las
operaciones financieras del sector externo[10],
lo cual permite la existencia en el corto plazo de políticas fiscales y
monetarias orientadas a objetivos totalmente diferentes al de la fijación del precio
del dólar. En el caso del período en estudio (2003-2016), la política cambiaria
apuntaba formalmente a contener la salida de divisas y a anclar el sistema interno
de precios. Ello entró en conflicto con la instrumentación de una política
monetaria cada vez más expansiva, orientada a financiar las amplias brechas
entre ingresos y gastos del sector público. En un contexto de reducción
drástica en la oferta de divisas por la caída en los precios internacionales
del crudo, la disminución de la producción doméstica y las restricciones para
acceder a los mercados financieros internacionales, esta contradicción provocó
el distanciamiento abismal entre la cotización del dólar paralelo y la oficial,
la pérdida total de confianza en el bolívar como depositario de valor y la salida
masiva de capitales.
Cuadro N° 2
FUENTE: BCV; Reporte ante Securities and Exchange Commission de
EE.UU.; Asamblea Nacional; DolarToday; y cálculos propios
El Cuadro N° 2
registra la relación entre algunas variables monetarias y la cotización del
dólar en el mercado paralelo entre 2010 y 2017. Durante este período, el gasto
público se situó en una franja de entre el 38,2% del PIB en 2010 y 52,1% en
2014. Ello arrojó sustanciales déficits, que superaron el 10% del PIB salvo en
2011, cuando fue del 9,2%, y en 2014, año en el que alcanzó 9%. En la medida en
que a la República se le secaba el financiamiento internacional, fueron cubiertos
con emisión monetaria por parte del BCV. La segunda columna del cuadro asienta
la variación interanual del financiamiento del BCV a las Empresas Públicas No Financieras (EPNF) --básicamente a PdVSA--,
componente principal de esta emisión. Ello no podía sino impulsar el alza
general de precios que registra el Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que publicó el BCV hasta 2015, que
es continuado con las cifras de inflación registradas por la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo
Económico de la Asamblea Nacional (IPCAN). A partir de noviembre, 2017,
este comportamiento de la gestión pública y de las variables monetarias ha
generado una situación de hiperinflación en Venezuela, conforme al conocido
umbral de 50% mensual en el alza general de precios establecido por Phillip
Cagan (1956).
La relación entre el comportamiento de algunas variables monetarias y la
inflación se ilustra en el Gráfico N° 1.
Entre 2012 y 2015 se aprecia que una clara relación entre la variación
de la liquidez monetaria y el IPNC. A partir de 2016 predomina la variación del
financiamiento monetario de los déficits públicos y, en 2017, también el alza
del dólar paralelo, que jalona hacia arriba el índice de precios.
Gráfico
N° 1
FUENTE: BCV; DólarToday; Asamblea
Nacional; y cálculos propios
La hiperinflación se asocia a la pérdida
de confianza en el bolívar como depositario de valor. Nadie ahorra en
bolívares. Éstos se gastan inmediatamente en bienes y en reparaciones y
refacciones del hogar en previsión de precios futuros más elevados, como en la
compra de divisa para preservar el valor de activos acumulados en moneda local.
De ahí la estrecha relación antes mencionada entre hiperinflación y alza del
dólar paralelo, más en un ambiente de escasez de bienes de consumo, alto
riesgo-país, y caída del mercado inmobiliario y la práctica desaparición del
mercado de valores ante el colapso de la economía. Además, la prioridad dada
por el Ejecutivo al servicio de la abultada deuda pública externa desplaza la
demanda del sector privado al mercado paralelo para importar bienes e insumos y
reponer sus inventarios, lo que convierte a la cotización del dólar ahí en
marcador de precios.
Lamentablemente, la
hiperinflación tiende a perpetuar las condiciones que la generan. Las
expectativas inflacionarias introducen un componente inercial al llevar a los
distintos agentes económicos a pujar por indexar sus precios y/o remuneraciones
a la tasa de inflación para evitar la pérdida de sus ingresos reales. La
existencia de controles de precio y de asimetrías en el poder de negociación en
el mercado hace que este ajuste sea desigual, por lo que el rezago de algunos
provoca intentos por nivelarse, retroalimentando las presiones al alza. Ello es
más grave en las condiciones actuales de Venezuela, en las cuales cae la oferta
de bienes y servicios, tanto por el colapso de la actividad productiva –ya en
su quinto año de depresión—como por la estrechez en el ingreso de divisas.
Gráfico N° 2
FUENTE: SENIAT; BCV; Asamblea Nacional; y cálculos
propios
Más allá, la hiperinflación
reduce la recaudación impositiva real proveniente de las actividades económicas
domésticas por el efecto Olivera-Tanzi[11]
(Gráfico N° 2). Adicionalmente, el ingreso de origen petrolero se estanca o se
reduce: aunque su precio en los mercados mundiales ha mejorado con relación a
2016, la producción ha caído en casi un 30% durante 2017 y, por ende, también
la cantidad exportada de crudo. Frente a gastos resistentes a la baja, se
perpetúan abultados déficits de la gestión pública. El aislamiento financiero
del país en los mercados internacionales, la situación de default selectivo en
que se encuentran algunos compromisos de la República y de PdVSA, y las
sanciones impuestas por EE.UU., la UE y Canadá, obliga a cerrar esa brecha con
emisión monetaria del BCV. Ésta tiende, por tanto, a convertirse en variable
endógena. Ya no obedece a decisiones discrecionales de las autoridades tomadas
de forma autónoma porque pasa a estar atado al gasto deficitario del Estado.
Últimamente el gobierno de Maduro ha recurrido, además, a la depresión de la
remuneración real de los empleados como variable de ajuste.
Algunas implicaciones microeconómicas
En ausencia de
información actualizada sobre remuneraciones, pues ni el BCV ni el Instituto
Nacional de Estadísticas cumplen con sus obligaciones de publicar al día los
indicadores económicos y sociales, es menester recurrir a la información
referente a los ajustes del Salario
Mínimo y del Bono de Alimentación
decretados por el Presidente de la República. Cabe señalar que la escala
salarial en Venezuela se ha venido aplastando hacia el salario mínimo (García
L., H., 2016), por lo que no es aventurado utilizar el comportamiento de esta
remuneración como aproximación a la evolución de los salarios del sector
público. El Gráfico N° 3 muestra el poder adquisitivo del salario mínimo integral (bolívares del 28 de febrero de 2018) que
incluye ambos conceptos, resultante de sucesivos ajustes decretados desde 2012.
Se añade como referencia de partida el último ajuste del gobierno de Rafael
Caldera, en 1998. El gráfico muestra la caída estrepitosa de esta remuneración
desde finales de 2016. Asimismo, se evidencia la aceleración de los ajustes
–siete durante 2017--, que han resultado en un ejercicio de demagogia, pues
lejos de compensar los efectos del alza general de precios los exacerba, ya que
todo aumento salarial en ausencia de mejoras en la productividad –que viene más
bien cayendo desde 2013—es inflacionario. Para el 28 de febrero de 2018, fecha
de su ajuste más reciente hasta la fecha de escribir estas notas, la capacidad
adquisitiva de esta remuneración base se había encogida en más del 80% con
respecto al 31 de diciembre de 2016.
Gráfico N° 3
FUENTE: Gacetas Oficiales; BCV; Asamblea Nacional; y
cálculos propios.
En el marco de
políticas fiscales y monetarias entrampadas por los compromisos de gasto
populista del gobierno, el agotamiento de las reservas internacionales y el
cierre del crédito internacional, el esquema cambiario de precio fijo –a pesar
de su periódica vulneración-- convierte al salario real en la principal
variable de ajuste. Un mercado laboral poco flexible --dadas las regulaciones y
prohibiciones de despido- igualmente descarga el peso del ajuste sobre la
remuneración salarial. Finalmente, también incide el debilitamiento del poder
de negociación de los trabajadores ante la caída en la actividad económica y la
amenaza consecuente de quedar desempleado.
El Gráfico N° 4
proyecta la variación mensual del dólar paralelo y de la inflación, junto con
el valor (absoluto) del dólar oficial (escala derecha), desde comienzos de 2016
hasta febrero, 2018. Puede observarse que, a pesar de que el supuesto “ancla”
cambiario (dólar oficial) no se altera hasta enero, 2018, la inflación pasa de
un 15% en enero de 2016 a más de 80% dos años después. El dólar paralelo, si
bien muy fluctuante mes a mes, acompaña esta trayectoria inflacionaria. Ello
confirma el efecto nulo que ha tenido el tipo de cambio fijo en la
estabilización de los precios domésticos y revela, más bien, la incidencia que
tiene el empuje de la cotización del dólar en el mercado paralelo sobre la
inflación.
Gráfico N° 4
FUENTE: BCV; CENDAS;
AN; DólarToday; y cálculos propios
Aspectos de
economía política del ajuste contractivo del gobierno de Maduro
La mantención del set de políticas macroeconómicas referidas arriba,
junto al régimen de control de cambio, configuran elementos de un ajuste muy
perverso ante la caída en los precios del petróleo. Al privilegiar el pago de
la deuda pública externa (en el orden de los USD 8 a 10 millardos de dólares
anuales), el gobierno de Nicolás Maduro ha tenido que recortar drásticamente
las importaciones. Ello es tanto más grave por la excesiva dependencia que
llegó a tener la economía de las compras externas. Debido a la reducción de la
oferta doméstica interna por el acoso al sector productivo que impone la
batería de controles y regulaciones del gobierno, como por las expropiaciones y
confiscaciones, éstas se cuadruplicaron entre 1998 y 2012. El boom en los
precios internacionales del crudo permitió, a su vez, que el Estado desplazara
con importaciones a bajo precio –y sin pagar impuestos-- bienes producidos
internamente, como parte de su proyecto intervencionista en la economía.
El severo racionamiento de la divisa para mantener su precio (oficial)
muy por debajo del de equilibrio, alimentó el alza del dólar paralelo y, con
ello, la inflación. Políticas macroeconómicas desatinadas ahuyentaron posibilidades
de financiamiento externo, obligando al Estado a liquidar activos externos para
cuadrar sus cuentas. Entre éstas, cabe mencionar el canje de las deudas que
tenían República Dominicana y Jamaica con Venezuela por compras de petróleo por
la mitad de su valor; la venta de la participación de PdVSA en refinerías
estadounidenses; la venta de petróleo a futuro para avalar créditos otorgados
por China; la pignoración del oro de las reservas internacionales como garantía
de préstamos; la liquidación de los Derechos
Especiales de Giro (DEG) que tenía el país en el Fondo Monetario
Internacional (FMI); y el endeudamiento de CITGO. A ello se suma una campaña
por atraer inversiones para explotar el Arco Minero al sur del Orinoco, pero
desatendiendo la necesaria autorización para ello de la Asamblea Nacional (son contratos
de interés nacional). Ahora se busca flotar un medio de pago (Petro) con base
en las tecnologías que sustentan las llamadas criptomonedas para burlar las
sanciones internacionales impuestas a personeros del régimen por violación de
los derechos humanos e ilícitos financieros[12].
Todas estas operaciones comprometen activos importantes para el futuro del
país, muchas veces violando el ordenamiento legal vigente, por lo que habrán de
empobrecer a la población en los próximos años.
Los graves desequilibrios macroeconómicos que llevaron a tan desastrosa
situación no son enfrentados con la excusa de que obedecen a una “guerra
económica” contra la “revolución”. Con este pretexto tampoco se levantan los
controles y regulaciones que asfixian a la economía, entre los cuales sobresale
el control de cambio. Los problemas de desabastecimiento son proyectados como
si se tratara de fallos de logística, lo cual sirve de justificación para
entregarle el monopolio de la importación y distribución de alimentos y
medicinas a los militares. Se niega la existencia de una hiperinflación y del
terrible impacto que ello produce sobre la población, pretendiendo que, con los
aumentos del salario mínimo, unos esporádicos bonos a los que portan el Carnet de la Patria y el reparto de
combos de comida a precios subsidiados a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPs) como parte
de la Gran Misión Alimento Soberano --bajo
custodia castrense—el problema desaparece.
Un ajuste contractivo de
esta naturaleza acarrea graves daños a la población. La desidia oficial en
rectificar sus políticas sugiere fuertemente la presencia de poderosos
intereses que se benefician de ellas, ya que la aplicación de medidas de control
y de sanción a discreción del funcionario público encargado de su cumplimiento
--civil o militar—depara oportunidades de lucro desmedido. Los controles de
precio y las regulaciones punitivas permiten ganancias de arbitraje a través del “bachaqueo” de productos, el “contrabando de
extracción” de la gasolina. Se incentivan todo tipo de manejos irregulares para
lograr acceso a los dólares preferenciales. Se desvían alimentos y otros
recursos destinados a los CLAPs para su comercialización privada, y se extorsiona a comerciantes y productores
en virtud de las normas punitivas mencionadas. Adicionalmente, ciertos derechos
y/o beneficios se prestan para pagos “por debajo de cuerda” para ser
disfrutados. Finalmente, deben mencionarse las contrataciones turbias
realizadas por el gobierno y por algunas empresas públicas afianzadas en la
impunidad, la falta de transparencia y la no rendición de cuentas, así como con
la complicidad de altas esferas del poder. Ello es resultado de la
centralización de la toma de decisiones en manos del Ejecutivo, sin contrapeso
de los demás poderes, en particular, del despojo de las prerrogativas y
atribuciones que la Constitución otorga a la Asamblea Nacional. El cercenamiento de la libertad de prensa y un poder
judicial partidista completan este cuadro de impunidad.
Es menester señalar el rol cada vez más protagónico
del estamento militar en estos mecanismos, implementado como medio para
garantizar su lealtad al gobierno de Maduro. Con la Gran Misión Abastecimiento Soberano, monopolizan la importación y distribución de alimentos y medicamentos
esenciales, para lo cual han tenido acceso a dólares preferenciales (hasta el
26 de enero de 2018, a la tasa de 10 Bs/USD). Adicionalmente, custodian las
fronteras y las aguas territoriales, más allá de las cuales el precio de la
gasolina se multiplica por centenas. Amparados en leyes punitivas como la de
“precios justos”, ejercen acciones policíacas contra comerciantes, propensas a
prácticas de extorsión y confiscación. En un ambiente de opacidad total en los
asuntos públicos las oportunidades para lucrarse, arbitrando entre los
abismales diferenciales de precio que resultan de estos controles y del
disparatado régimen cambiario o inventando negocios ficticios para ponerle la
mano al dólar barato, son enormes.
Es imperativo desmantelar
el control de cambio
Por las razones expuestas, desmontar el control de cambio es elemento
central para el rescate de las posibilidades de reactivación de la economía y
para revertir el deterioro en el bienestar de los venezolanos. En el marco de
un conjunto de políticas fiscales y monetarias consistentes, y con el auxilio
de un generoso financiamiento internacional, es factible unificar y estabilizar
el tipo de cambio en un régimen de libre concurrencia a una tasa
bastante inferior a la del mercado paralelo. Ello permitirá:
1) La libre importación de insumos, repuestos y equipos con
los cuales recuperar la producción doméstica, así como de los bienes de consumo
final que hagan falta;
2) El abaratamiento de muchos bienes que actualmente son importados
a la tasa del mercado paralelo o cuya producción requirió insumos importados a
esa tasa;
3) La sustitución competitiva de importaciones, que
bajará la demanda de divisas;
4) La eliminación de las corruptelas asociadas al arbitraje
entre el mercado oficial y el paralelo;
5) La atracción de inversión extranjera en petróleo, al disfrutar
de un tipo de cambio superior a la tasa oficial artificialmente baja con la que
es obligada a operar actualmente esta industria;
6) Un ambiente de mayor confianza, certidumbre y
previsibilidad para las inversiones en general; y
7) Recuperar la autonomía de la política monetaria para alinearla
con los objetivos de estabilización macroeconómica.
Junto al desmantelamiento de los controles y las regulaciones punitivas, la
unificación del tipo de cambio liberará fuerzas productivas. La alta capacidad
ociosa con que opera actualmente el aparato productivo permitirá ampliar
rápidamente la oferta interna, generando empleo cada vez mejor remunerado. Por
su parte, la promoción de la competencia interna y de las importaciones impedirá
que el levantamiento de los controles se traduzca en mayor inflación.
Credibilidad y política cambiaria
La unificación del tipo de cambio en un mercado de libre concurrencia
plantea interrogantes referidas a cuál es la política cambiaria más conveniente.
Un objetivo fundamental tiene que ser el abatimiento inmediato de la
hiperinflación actual, no sólo por los terribles estragos que acarrea a la población,
sino porque sin ello no puede estabilizarse el precio de la divisa en un
régimen de libre concurrencia. Siendo el tipo de cambio uno de los precios
básicos que atraviesa la economía y tomando en cuenta su gran visibilidad como
referente para las transacciones domésticas, cobre relevancia una política
cambiaria que contribuya a “anclar” los precios internos. Ello tiene
implicaciones distributivas e impone restricciones operativas y de política en
el corto plazo.
Un elemento crucial de una política de esta naturaleza es su credibilidad.
Las notorias distorsiones macroeconómicas y la escasez de divisas obligan a
instrumentar políticas fiscales y monetarias, y a conseguir el financiamiento internacional
necesario para arrojar una perspectiva clara de sostenibilidad de la política
de libre cambio. La eficacia de este marco de políticas en la generación de
confianza condicionará la trayectoria de estabilización del precio de la divisa
y, en particular, a qué tasa resultará viable su unificación en un mercado
libre. Una vez superado esta prueba, la política cambiaria puede enfocarse en
objetivos de mediano y largo plazo, como serían procurar que la tasa de cambio
se aproxime a sus niveles de equilibrio real y, en el caso de Venezuela, anule el
efecto que sobre ella tiene la captación de rentas internacionales por la
exportación de crudo. Ello debe enmarcarse en una visión de proyecto económico
deseado que tome en cuenta las posibilidades planteadas para que el país pueda ganarse
de manera sostenible su manutención en la economía mundial.
Un tipo de cambio de equilibrio se asocia, obviamente, con el equilibrio
de las fuerzas económicas. En el corto plazo ello ataña fundamentalmente a los determinantes
de los flujos financieros. Superar la incertidumbre y la desconfianza asociadas
a los desequilibrios macroeconómicos existentes es, por tanto, imprescindible. De
ahí la importancia de una exitosa política de estabilización macroeconómica. Ello
coadyuvará a mejorar las expectativas respecto a las posibilidades de una
rápida estabilización del precio de la divisa, lo que permitirá:
1) atemperar los ataques
especulativos contra el tipo de cambio en los momentos iniciales de su
liberación;
2) evitar la necesidad de tasas
de interés muy altas para compensar por las percepciones de riesgo asociadas a
la conservación de activos en bolívares; y
3) adecuar la normativa del mercado
de capitales para hacer atractiva la inversión en títulos denominados en bolívares.
En el marco de
las políticas fiscales y monetarias de estabilización adecuadas, Sáez, Vera y
Zambrano (op. cit.) recomiendan para
el caso venezolano actual un tipo de cambio fijo subvaluado para abatir cuanto
antes la hiperinflación. Ello transmitiría una señal clara de anclaje de los precios
internos y proveería un margen o colchón para acomodar los coletazos de una
inflación que tomaría tiempo alinearse con la de nuestros principales socios
comerciales[13].
El riesgo de esta propuesta radica en la incertidumbre respecto a cuál debe ser
ese margen o colchón que logre impedir que el precio fijado de la divisa sea
vulnerado por expectativas adversas. La desconfianza al respecto puede poner en
duda las metas inflacionarias y dar al traste con la tasa de cambio fijada. Dada
la gravedad de las distorsiones macroeconómicas que deben corregirse y la
persistencia de conductas acostumbradas a cosechar rentas, el margen de
suspicacia respecto a la sostenibilidad de un tipo de cambio fijo no es
desestimable. La fórmula para minimizar ese riesgo sería que el “colchón” fuese
muy amplio, es decir, que el tipo de cambio se fijara a un nivel bastante
subvaluado para dar tiempo suficiente a que el éxito en el combate a la
inflación no vulnere su precio. Pero ello tendría un impacto desfavorable sobre
los precios domésticos que podría comprometer la viabilidad política y económica
del programa de estabilización, y provocar reacciones que descarrilen las
políticas instrumentadas.
La propuesta de dolarización
Recientemente ha recibido atención la propuesta de dolarizar la economía como
recurso para acabar con la hiperinflación. Ciertamente,
el anclaje monetario en una divisa estable y confiable pararía en seco este pavoroso
flagelo, que hoy arruina a los venezolanos, abriéndoles oportunidades para
recuperar rápidamente sus niveles de vida. No obstante, plantea varios
problemas que serán considerados de seguidas. En el corto plazo:
1) El ajuste fiscal tendría que ser violento. La
credibilidad en que la dolarización derrotaría la hiperinflación reside en que
elimina toda posibilidad de financiamiento monetario de los déficits del sector
público, pues, al desaparecer el bolívar, el BCV no puede emitir dinero. De
manera que los déficits deberían desaparecer de inmediato o conseguir fuentes
alternas de financiamiento. Venezuela actualmente no tiene acceso al
financiamiento internacional. Como se ha señalado arriba, la hiperinflación ha
colocado al Estado en una trampa deficitaria por el efecto Olivera-Tanzi y la
resistencia a la baja en el gasto. Al respecto, Ricardo Hausmann (2018) señala
que, a diferencia del caso de Ecuador que se esgrime como ejemplo exitoso de
dolarización, el grueso de la deuda venezolana es en dólares y la dolarización
en absoluto aliviará el peso de servirla[14]. Si
bien la eliminación de los déficits públicos tiene como uno de sus pivotes la
sinceración de los precios y tarifas de bienes y servicios ofrecidos por el
Estado, ello afecta negativamente el nivel de vida de la población, sobre todo
de los sectores más vulnerables económicamente. Programas de compensación a
estos sectores son impensables en medio de un ajuste severo de las cuentas
públicas. Sin financiamiento externo, el ajuste de las cuentas públicas sería muy
doloroso.
2) La disponibilidad de dólares por parte de la economía
venezolana es reducidísima en estos momentos. Las reservas internacionales han
estado por debajo de los USD 10 millardos desde principios de noviembre de
2017, las exportaciones petroleras están cayendo en volumen y los compromisos
externos de PdVSA dejan un saldo neto reducido de dólares que entran al país.
Por demás, la revolución tecnológica en la producción de crudo (fracking en EE.UU.) y las políticas por
contener la demanda por combustibles fósiles en muchos países hacen poco
previsible que incrementos en su precio vengan al rescate. Encima, esta empresa
y la República han sido declarados en default selectivo por agencias
calificadoras de riesgo por atrasos en sus pagos de deuda. El cronograma de
desembolsos para servir estos compromisos promedia entre 8 y 10 millardos de
USD anuales para la próxima década.
3) Para finales de marzo, la relación entre liquidez
monetaria y reservas internacionales arrojaba una tasa de cambio implícita de
más de Bs. 44.000 por USD. Si se hubiese dedicado la tercera parte de estas
reservas para dolarizar la economía (a cambio de liquidez), la conversión
monetaria tendría que haberse hecho a una tasa al menos tres veces superior.
Cálculos del tipo de cambio real de
equilibrio (TCRE) para esa fecha basados en la metodología de la Paridad de Poder Adquisitivo (ver Anexo)
arrojan una tasa bastante menor. De ser así, la conversión se haría a una tasa
subvaluada, con efectos adversos sobre los niveles de precios y el ingreso real
de la población.
4) El sector financiero se ha reducido de manera
drástica, en términos reales, por la hiperinflación. El tipo de cambio al que
se efectúe la conversión incidirá en el tamaño resultante del sector en
dólares. Por ejemplo, de acuerdo con el balance consolidado de la banca
comercial y universal para el 31 de diciembre de 2017, una conversión de Bs.
120.000 por USD dejaría a los créditos existentes al sector privado para ese
momento en apenas USD 186 millones y a los depósitos provenientes de ese sector
en sólo 492 millones. El patrimonio apenas superaría los USD 20 millones. Ello
resalta la sensibilidad del sector a la tasa a que se realiza la conversión.
Una banca tan pequeña es absolutamente insuficiente para atender las
necesidades financieras de una economía en proceso de reactivación. Por otro
lado, la dolarización debe imponer a la banca tasas de interés alineadas con
las de los mercados financieros internacionales o mayores para poder captar
recursos.
En el mediano y
largo plazo:
5) Al desaparecer el bolívar, el dinero base queda sujeto
a los saldos de la balanza comercial –mientras Venezuela recupere su capacidad
crediticia en los mercados internacionales-- y a la política monetaria decidida
por la Reserva Federal (Emisor) de los EE.UU. Si ésta instrumenta una política
contractiva y/o nuestra balanza comercial arroja saldos negativos, se dispondría
de menor cantidad de dinero para financiar las actividades económicas, subirían
las tasas de interés y se desincentivaría la inversión. Al respecto, cabe
recordar la extrema vulnerabilidad externa de la economía venezolana,
dependiente de un solo producto de exportación (el petróleo), cuyos precios
internacionales son muy volátiles. Shocks externos negativos no podrían
amortiguarse con ajustes cambiarios. Una vez Venezuela tenga acceso al
financiamiento externo podrá endeudarse para compensar esta baja, pero a elevadas
tasas de interés. Francisco Rodríguez (2018) señala que el margen de acción de
la política monetaria no desaparecería de un todo si el país hubiese acumulado
reservas en dólares para acciones anticíclicas. Para un país mono-exportador
como el nuestro, éstas no podrían ser mucho menores a las reservas
internacionales requeridas para respaldar una moneda propia. Pasa a jugar papel
importante como variable de ajuste en tales circunstancias el salario real, que
tendría que reducirse en aras de cerrar la brecha comercial. Al contrario, si
la Reserva Federal “aflojase su cartera”, bajarían las tasas de interés en dólares.
Si Venezuela recuperase su acceso al crédito externo, podría endeudarse en
dólares baratos para financiar la expansión de las actividades productivas. Sin
embargo, la experiencia de Grecia, país que pudo endeudarse amparado en una
moneda fuerte (euro), alerta sobre los peligros de abusar de tales facilidades.
Igualmente, superávits comerciales, generarían más dólares para financiar la
expansión económica. En fin, la economía estará sujeto a episodios de expansión
y contracción de los agregados monetarios que pueden ser perjudiciales.
6) La productividad y el salario real pasan a ocupar un
papel central como variables de ajuste en el tiempo con una economía
dolarizada. El financiamiento internacional está acotado a la larga por las
percepciones sobre la capacidad de la economía de honrar su deuda. En
particular, la tasa de crecimiento (del valor) de las exportaciones
debe ser mayor a la tasa de interés a la que se conceden los préstamos, so pena
que el servicio de ésta consuma proporciones crecientes del ingreso de divisas.
Ello remite las posibilidades de financiamiento a que aumente de manera sostenida la productividad y, con ello, las exportaciones.
La tasa a que crece no debe ser menor a la de los principales socios del país
para evitar saldos comerciales deficitarios que pudieran resultar problemáticos
financiar en el tiempo. En ausencia de estos incrementos en la productividad,
el ajuste recae sobre el salario real. Al respecto, cabe señalar que el mercado
laboral se ha hecho muy rígido por la normativa vigente, con obligaciones que
pueden comprometer la competitividad de algunos sectores productivos.
7) Por último, en América Latina han ocurrido procesos de
estabilización exitosos que han derrotado la hiperinflación en poco tiempo sin haber
dolarizado la economía, como fueron los casos de Perú y Bolivia (Zambrano, O.,
2018), Brasil (Vera, 2018) y Argentina (Purroy, op. cit.). Si bien es cierto que los éxitos en estos últimos dos
casos fueron precedidos por uno o varios intentos que fracasaron, puede
afirmarse que la experiencia de América Latina no pone en clara evidencia la
superioridad de la dolarización para eliminar rápidamente la hiperinflación.
La importancia del financiamiento externo
Las
consideraciones anteriores ponen de relieve la importancia crucial de disponer
de un generoso financiamiento externo para que la dolarización no genere
efectos adversos en demasía. Las condiciones para tal financiamiento serían
parecidas a las exigidas para un programa de estabilización conservando la
moneda local. Es decir, la dolarización no exime a la economía de los ajustes
macroeconómicos necesarios –básicamente de las cuentas públicas—que habría que
hacer. Como se señalará más adelante, contar con tal financiamiento será
decisivo, también, para el éxito de un programa de estabilización con
unificación del tipo de cambio. Las bondades de contar con un financiamiento
externo se resumen de seguidas:
1) Provee la oferta de divisas requeridas --inexistentes
en Venezuela en los actuales momentos-- para atender las necesidades externas
de la economía en el contexto de un programa de estabilización. En el caso de
que este programa conserve la moneda local (bolívar), contará con los dólares
requeridos para sostener la unificación y liberación de la tasa de cambio en torno
a un precio que se aproxime a sus valores de equilibrio;
2) Un financiamiento proveniente del Fondo Monetario
Internacional (FMI), seguro ayudará a reestructurar la deuda externa, lo cual
podría comprender la condonación o “quite” parcial y/o el mejoramiento de sus
condiciones de pago (tasas de interés; plazos). Ello habría de aliviar la carga
de servir esta deuda, tanto por su rebaja como por el “aplanamiento” de su
cronograma de pagos, --sumamente
concentrada en los próximos diez años--, que coadyuvaría el ajuste fiscal;
3) Junto con lo anterior, el saneamiento de las cuentas
del sector público podría contar, en el marco de un acuerdo bien negociado, con
recursos necesarios para atender programas transitorios de compensación a
sectores vulnerables que pudiesen verse afectados negativamente por la
sinceración de precios de algunos servicios que presta. Ello contribuirá con la
viabilidad social y política del programa de estabilización;
4) El financiamiento otorgado por el FMI suele acompañarse
de programas del Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Corporación Andina de Fomento (CAF) y/u otros organismos, dirigidos a financiar
proyectos específicos que proveen o mejoran bienes públicos. Genera
externalidades positivas que redundan en menores costos de transacción y en un
ambiente más favorable a la actividad económica. Estas inversiones suelen contar
con asesoría altamente calificada por parte de tales entes, que han acumulado
valiosas experiencias al respecto.
5) El fondeo de recursos para fortalecer la capacidad de
financiamiento de la banca local, gravemente mermada por la hiperinflación y
los controles (topes de tasas de interés; “gavetas” obligatorias) impuestos.
Las necesidades de financiamiento para la recuperación de la economía
venezolana exceden en mucho las disponibilidades existentes del sistema bancario
doméstico;
6) El aval de que el país recipiendario seguirá un
programa de estabilización coherente y bien fundamentado, cuya ejecución será
supervisada por el organismo como condición para la concesión de financiamiento
del FMI. Su vinculación probable a un programa de reformas estructurales
destinadas a garantizar el crecimiento y el aseguramiento de las capacidades de
reembolso de estos préstamos en el tiempo permitirá a Venezuela volver a participar
provechosamente de los mercados financieros internacionales;
7) La confianza que otorga a las inversiones extranjeras
lícitas, a la banca internacional y a los fondos de inversión, un
financiamiento por parte de los organismos financieros multilaterales;
8) Un programa bien conducido de reformas bajo la
supervisión de estos organismos conseguirá dotar al país de un marco de
instituciones que habrán de garantizar las seguridades jurídicas (procesales y
sobre la propiedad) y las libertades asociadas al despliegue exitoso de la
iniciativa privada, el emprendimiento y la innovación, bases del desarrollo de
una economía competitiva.
Es decir, si el
éxito de un programa de estabilización para Venezuela depende sobremanera de la
credibilidad y la confianza que transmite su diseño y ejecución, detrás de ello
necesariamente estará el financiamiento internacional. Y no se trata de
cualquier financiamiento, sino de uno cuyas magnitudes y tasas de interés son
insuperables. Más aún, estará condicionado a la solidez y bondad del programa
de estabilización propuesto, así como a la solvencia profesional y moral de sus
ejecutores. Ello implica obligatoriamente un cambio de gobierno, cuyas
consideraciones escapan del presente trabajo.
Por último, entre
los aprendizajes arrojados por la experiencia del FMI como prestamista está el
hecho de que un país no puede reembolsar los créditos otorgados ni reinsertarse
en los mercados financieros internacionales si no se asientan las condiciones para
que crezca en condiciones social y políticamente aceptables. Venezuela está
pasando en estos momentos por un ajuste contractivo sumamente cruel y doloroso,
como se mencionó arriba, descargado sobre los hombros de los sectores más
pobres. El respaldo financiero del FMI deberá materializarse en un ajuste
expansivo de la economía, que libere las fuerzas productivas y permita el pleno
provecho de sus potencialidades, en un marco que garantice los derechos
adquiridos y la generación de empleo productivo, cada vez mejor remunerado. Cabe
señalar que actualmente el país encuentra vedadas sus posibilidades de conseguir
financiamiento internacional.
Una propuesta de unificación del tipo de cambio
Se propone
unificar el tipo de cambio bajo un régimen de libre concurrencia a una tasa
flexible (flotación sucia) que apunte en el tiempo a su nivel real de
equilibrio según la Paridad de Poder
Adquisitivo (PPA). Cabe señalar que, en condiciones de hiperinflación como
las que atraviesa actualmente Venezuela, la precisión de este nivel real de
equilibrio es un ejercicio un tanto ocioso. El nivel general de precios cambia velozmente
y los precios relativos tampoco guardan entre sí una proporción previsible,
dadas las diferentes capacidades de indexación de distintos agentes productivos.
Dependiendo de la canasta de consumo a comparar y de las ponderaciones entre
sus componentes, variará la estimación de la PPA para un momento específico.
Adicionalmente, la TCRE representará un “objetivo móvil” que aumenta
continuamente la cantidad de bolívares por USD, por la inflación. No obstante, establecer
un rango que acote, aunque sea en términos amplios, el TCRE tiene sentido para
la unificación y estabilización del precio de la divisa.
El tipo de
cambio habrá de liberarse primero sólo para las transacciones de la cuenta
corriente. Esto implica un mercado cambiario dual, vulnerable a prácticas
especulativas de arbitraje, dependiendo de la brecha con el precio del mercado
controlado que regiría las transacciones financieras. La fijación de este último
precio podría partir del tipo de cambio que inicialmente resulte del mercado
libre, ajustado por la inflación anticipada para el primer mes (o los primeros
meses) del programa de estabilización. La intención es que la brecha de precios
no sea muy grande y, en lo posible, responda a expectativas racionales sobre el
comportamiento del tipo de cambio libre. Es decir, debe procurarse que la
tentación para incursionar en prácticas especulativas que se retroalimenten sea
mínima. En todo caso, el mercado controlado para las transacciones financieras
debe minimizar las posibilidades de arbitraje. Una vez aplacados los temores
iniciales y fortalecida la confianza en el tipo de cambio libre, habrá de
liberarse también la cuenta financiera y de capital.
El éxito de este
proceso es contingente, desde luego, al éxito del programa de estabilización en
derrotar rápidamente la hiperinflación. En particular, el saneamiento de las
cuentas fiscales, la reducción drástica de sus déficits y de su financiamiento
monetario, son requisitos sine qua non.
La discusión de estas políticas, empero, no es objeto de este escrito. Inciden igualmente
las expectativas asociadas a la sostenibilidad del precio de la divisa, muy
visible y sensible a percepciones de riesgo, que se retroalimenta con los
movimientos de los precios internos, afectando casi todas las transacciones. El
respaldo que puede obtenerse de los organismos financieros internacionales,
como el alivio de reestructurar la deuda, serán decisivos para proveer las
divisas con las cuales atender, sin restricción, las operaciones de la cuenta
corriente, proporcionar el “colchón” adicional de reservas para estabilizar el
tipo de cambio libre en torno a sus valores de equilibrio y para honrar los
compromisos (reducidos por la reestructuración) de deuda. La negociación de
este respaldo es factible con un programa de estabilización coherente y bien
fundamentado, y un compromiso político para su cumplimiento que exigiría, al
menos, un cambio de gobierno. En particular, las metas cambiarias tienen que
ser creíbles y estar bien sustentadas, pues proponerse un precio de la divisa
que se perciba contrario al equilibrio financiero de corto plazo agotará
cualquier “colchón” que se aparte para sostenerlo.
Sin embargo,
negociar el financiamiento con el FMI tomará meses y posiblemente más de un
año, dada su ausencia prolongada de Venezuela y la necesidad de aclarar las
cuentas y fundamentar debidamente el programa de estabilización. Mientras tanto
será imprescindible un “crédito puente” proveniente de gobiernos amigos. Ello
es factible en la medida en que cuenta con el aval de la negociación en curso
con el FMI. Avanzar en un ejercicio de programación financiera sería, para
ello, de gran ayuda para señalar la factibilidad de los lineamientos gruesos de
política a proseguir. Pero la liberación de la cuenta financiera de la balanza
de pagos y la unificación definitiva del tipo de cambio podría tener que esperar
a que estuviese ejecutándose el programa con el FMI.
Acotar el rango
en que se situaría un tipo de cambio de equilibrio con el menor margen de error
posible, como el análisis de sus condicionantes, es tarea pendiente. Para
alivio de los economistas, el nivel tan reducido del salario real otorga un margen
de confianza para la estimación de la tasa de cambio de corto plazo que, en el
marco de políticas coherentes, no tendría por qué disparar ataques contra el
bolívar. Con el tiempo y una vez liberada la cuenta financiera y de capital,
una política cambiaria activa debe orientarse a estabilizar el precio de la
divisa en torno a sus valores reales de equilibrio (TCRE), lo cual significa,
entre otras cosas, neutralizar la tendencia a la sobrevaluación del bolívar por
la captación de rentas internacionales a través de la exportación de crudo.
El Tipo de
Cambio Real de Equilibrio (TCRE)
Para el Banco Mundial (2000), existen dos acepciones del TCRE: una externa basada en la PPA y que expresa un
equilibrio en el poder de compra interno y externo del bolívar, y una interna, asociada al equilibrio
simultáneo de las cuentas externas e internas de la economía. La acepción externa depende tanto del nivel de
precios internos como de los externos y de la tasa nominal de cambio. Si se
supone la ley de un solo precio, la ausencia de costos transaccionales y la
existencia de arbitraje, el tipo de cambio nominal de equilibrio debe ser aquel
en que el poder de compra externo de la moneda sea igual a su poder de compra
interno (Cassel, 1922). Éste debe reflejarse en un equilibrio en la balanza
comercial, siendo que no existe incentivo para preferir las compras en el
extranjero sobre las nacionales (o viceversa). Se calcula comparando los
precios de una misma canasta de bienes en el país con los de las principales
economías foráneas con que éste comercia:
TCR = e P* / P, donde:
e = Tasa nominal de cambio;
P* =
Precio internacional de una canasta estandardizada de bienes y servicios en
divisas; y
P = Precio doméstico (moneda
local) de la misma canasta estandardizada
de bienes y servicios.
La acepción interna puede
estimarse según la fórmula:
TCR = Pt / Pnt, donde:
Pt =
Precio de bienes y servicios transables;
y
Si el tipo de cambio se asocia al equilibrio de las cuentas externas, la
Ley de Walras nos indica que también debe existir un equilibrio de las cuentas
internas. Consideraciones inter-temporales del equilibrio externo determinarán
qué se entiende por cuentas externas: la balanza comercial, la cuenta corriente
o la balanza de pagos como un todo (Edwards, S., 1989)[16].
Cabe señalar que, a diferencia de la acepción externa, la
conceptualización interna del TCRE supone que éste se modifica en el tiempo en
la medida en que cambian las condiciones fundamentales que determinan la manera
como una economía interactúa en el tiempo con el resto del mundo. Entre éstas,
destaca:
1) La evolución de la
productividad del país en comparación con la de sus principales socios
comerciales. A mayor productividad relativa tiende a apreciarse el TCRE;
2) La evolución de sus términos
de intercambio comercial y su sostenibilidad. Mejoras perdurables en esta
relación de precios pudiera sostener en el tiempo un TCRE apreciado. Deterioro
de estos términos induce el efecto contrario;
3) El régimen comercial que
regula el intercambio también incide, en tanto que una economía más abierta
(menos protegida) tenderá a requerir de una moneda más depreciada en términos
reales para mantener el equilibrio en sus cuentas externas en el tiempo;
4) Finalmente, la capacidad de
atraer capitales de manera sostenida le otorga una importante dimensión inter-temporal
a este equilibrio, por cuanto permitirá financiar déficits iniciales en la
balanza comercial causados por la importación de bienes de inversión e insumos
que permitan en el tiempo revertirlos a través de mayores exportaciones. Destacan
el marco jurídico de garantías a la inversión; la estabilidad macroeconómica y,
en particular, de precios; la calificación y especialización de la mano de
obra; el desarrollo y mejora de servicios públicos de calidad y de otras
externalidades positivas; y, en general, la provisión de oportunidades de
negocio favorables.
La paradoja
cambiaria
Es de suponer que ambas acepciones deberían coincidir, pues una
moneda cuyo poder de compra externo equivalga al interno a la tasa de cambio vigente
debe asociarse, conforme al conocido modelo de absorción, con un equilibrio
entre oferta y demanda domésticas. Sin embargo, esta coincidencia no se
registra en la historia de la Venezuela petrolera. La razón estriba en lo que he denominado la
“paradoja cambiaria” del país (García Larralde., H., 2002). Ésta se expresa en
que un tipo de cambio sobrevaluado según la PPA se asocia con una balanza
comercial superavitaria, contradiciendo el modelo de absorción. Asimismo, el
superávit externo suele acompañarse, ceteris paribus, por una situación
de desequilibrio en el mercado de no transables que se refleja en presiones
inflacionarias persistentes. La anomalía se explica porque la relación
cambiaria de Venezuela no refleja sólo la relación de productividades relativas
con el resto del mundo, sino también el peso de la enorme renta asociada
a la venta internacional del petróleo. Los reclamos de los sectores industrial
y agrícola de que el cambio sobrevaluado les resta competitividad son desestimados
por las autoridades porque la devaluación acarrea costos sociales y políticos,
y porque la balanza comercial suele ser superavitaria.
El concepto de renta
se refiere a todo ingreso percibido por parte del propietario de un recurso
por encima del costo de oportunidad de explotarlo en condiciones de
competencia. Cabe asignarle la figura de renta a una porción significativa de
los ingresos que percibe la nación venezolana por la liquidación de un recurso
de su propiedad en los mercados mundiales -el petróleo- a precios muy
superiores a sus costos, dando lugar a un ingreso extraordinario sin contrapartida
en producción adicional alguna[17].
La explicación de la
paradoja cambiaria está en el registro de la renta internacional que capta el
país como parte de los ingresos por exportación. La renta es en realidad una transferencia externa que el país capta por el
sobreprecio cobrado a los consumidores foráneos de petróleo. No forma parte de
los ingresos que genera la actividad productiva doméstica -no es un valor
agregado por algún factor de la producción--, por lo cual es una ficción contabilizarla
como un ingreso de exportación. Si la renta se ubica como una transferencia unilateral –que en realidad
es lo que es-- desaparece la paradoja. Pero a diferencia de las remesas que
voluntariamente pudiesen enviar ahorristas extranjeros al país, la renta es
resultado de la imposición de una oferta cartelizada que obliga a los extranjeros a desembolsar una mayor proporción de sus
ingresos por el petróleo.
Gráfico N° 5
FUENTE: BCV; PODE (1997-2014); y
cálculos propios
En el pasado, estas
rentas financiaban brechas comerciales que aflorarían en su ausencia. El saldo
superavitario de la balanza comercial suponía rentas remanentes no absorbidas
por el consumo o la inversión domésticas, que salían como si fueran exceso de
ahorro interno para pagar deuda, como fuga de capital o para aumentar las
reservas internacionales. Hoy el incremento en los costos de producción del
crudo por parte de PdVSA, la reducción en sus precios internacionales y el
colapso de su capacidad productiva ha encogido apreciablemente estas rentas. La
dependencia excesiva de la oferta importada, dada la destrucción del aparato
productivo interno, y los altos montos de servicio de la deuda pública externa
–en condiciones en que el país tiene cerradas las posibilidades de financiamiento
externo—se ha traducido, por ende, en una severa asfixia del sector externo de
la economía.
El Gráfico N° 5
ilustra la forma tradicional de representar la cuenta corriente de la balanza
de pagos, registrando como parte de los ingresos por exportación de petróleo la
captación de rentas internacionales. Éstas son graficadas para el lapso
reseñado (1968 y 2015) con la línea negra. Se observa que, a pesar de la
sobrevaluación del bolívar durante la mayor parte del período, la balanza
comercial (área ocre) es casi siempre positiva. Las transferencias unilaterales
aparecen como línea plana (fucsia) que se confunde con el eje de las abscisas
por su bajo monto.
En el Gráfico N°
6, la renta petrolera es registrada como transferencia unilateral, la cual
supera el valor de las exportaciones (sin renta). La balanza comercial es
negativa en casi todos los años, salvo aquellos que arrojan un equilibrio del
TCR según cálculos independientes basado en la PPA. Es decir, en esta
representación coinciden ambas acepciones de TCRE. Asumir este entendimiento de
los componentes de la cuenta corriente es crucial para comprender la necesidad
de una política cambiaria activa que anule la tendencia a que el bolívar se
sobrevalúe por la captación de rentas internacionales y genere las conocidas
distorsiones de la “enfermedad holandesa” (Corden y Neary, 1983).
Gráfico N° 6
FUENTE: BCV; PODE
(1997-2014); y cálculos propios
Salario real y costo laboral unitario
El servicio no
transable más importante es el que se deriva de la mano de obra. De ahí que
suele representarse también la tasa de cambio real como la relación entre la
tasa de cambio (nominal) y el salario (Dornbusch y Helmers, 1988):
TCR = e / w, siendo,
e = tipo de cambio nominal; y
w = salarios nominales.
Ello explica por
qué una devaluación nominal no se traduce en una devaluación real si incrementos
salariales logran compensar la pérdida de poder adquisitivo ocasionada por la
devaluación. La expresión arriba no es otra cosa que el inverso del salario
expresado en moneda extranjera. De ahí que la comparación entre salarios en una
misma divisa, dólares, por ejemplo, suele ser utilizada como una aproximación
al comportamiento relativo del TCR. En este sentido, una caída (subida) en el
salario real promedio se asociará, ceteris paribus, a una depreciación
(apreciación) real de la moneda. Cabe señalar que una de las manifestaciones
más directas de la sobrevaluación del tipo de cambio es la presencia de
salarios reales no competitivos.
Si se invierte la
relación que define la productividad laboral, P / t, donde t
= N° de trabajadores, se obtiene un cociente que indica la composición física
del trabajo por unidad (monetaria) de producto, t / P.
Multiplicando t por el salario, s, se
obtiene la proporción del costo laboral en el valor del producto o, lo que es
lo mismo, el costo laboral unitario en términos porcentuales (t x
s) / P. Incrementos salariales superiores a las variaciones en la
productividad laboral por parte de gobiernos populistas incrementan este costo
unitario. Una apreciación de la moneda, en ausencia de mejoras en la
productividad laboral, encarecerá el costo
laboral unitario expresado en divisas. Al juntar ambos efectos puede
obtenerse una primera aproximación a la pérdida de competitividad externa de la
producción doméstica venezolana atribuible al aumento del costo laboral
unitario.
Utilizando al PIB
como la canasta de bienes a equiparar en dólares y en bolívares para determinar
el TCR según la PPA (ver Anexo), puede construirse una serie que registre las
desviaciones del tipo de cambio real con respecto a un año base, en este caso,
1997. Ello incide en el valor del salario real en dólares. El costo laboral
unitario en bolívares, calculado con base en la fórmula del párrafo anterior, llega
a su máximo en 1980, al superar el 49,13% (línea negra del Gráfico N° 7). La
depresión de los salarios durante el segundo gobierno de Caldera lleva este
valor a apenas el 21% en 1996. De ahí aumenta durante el gobierno de Chávez hasta
llegar al 43,7% en 2007. En adelante, la creciente inflación empieza a minar
los salarios reales y, ante un descenso menor de la productividad, el costo
laboral unitario se reduce ligeramente. No obstante, los desajustes monetarios
llevan a provocar una hiperinflación y el salario real cae precipitosamente
para finales de 2017. De ahí la inflexión hacia debajo del costo laboral
unitario (línea negra) al extremo derecho del gráfico.
Al incorporar el
efecto que ocasiona la desalineación del tipo de cambio oficial respecto a sus
valores de equilibrio (distancia del eje de las abscisas del tope del área
verde en el gráfico), se puede apreciar el comportamiento de este costo laboral
unitario en dólares (área vino tinto del gráfico). En años de fuerte
sobrevaluación, se encarece significativamente. En 1981 este incremento fue más
del 84% con respecto al que tendría si la tasa de cambio fuese de equilibrio (real)[18].
De acuerdo a nuestros cálculos, entre 1989 y 1994 –y luego también en 1996-- la
tasa de cambio subvaluó el poder adquisitivo externo del bolívar y el costo
laboral unitario en dólares fue menor al que resultaría si estuviese el tipo de
cambio en equilibrio (y menor, proporcionalmente, al existente en bolívares). Son
los años de mayor competitividad de los sectores no petroleros, cuyas
exportaciones se incrementaron apreciablemente. Pero la inseguridad asociada al
nuevo gobierno de Hugo Chávez tendió a sobrevaluar el tipo de cambio y a
producir salidas de capital, provocando la implantación de un control de cambio
en febrero, 2003. A partir de ahí, el rezago del tipo oficial de cambio y una
inflación creciente sobrevalúan progresivamente al bolívar, que llega a su
máxima desalineación con respecto a sus valores de equilibrio –89% según
nuestros cálculos-- en 2015. En dólares, se cuadruplicó el costo laboral
unitario. Pero la caída estrepitosa del salario real por la inflación en 2017,
comentada arriba, y una desalineación menor, hacen descender este costo (en
dólares) a ser sólo un 31% mayor al que tendría de existir un TCRE.
Gráfico N° 7
FUENTE: BCV;
INE; Gacetas Oficiales; y cálculos propios
Tipo de cambio real de equilibrio y variables de
ajuste
El análisis
anterior pone de manifiesto la importancia del salario real y de la productividad
como factores de ajuste del tipo de cambio real[19].
Es decir, si la política a seguir es apuntar a una cotización del dólar que
fluctué en torno al TCRE, deberá atenderse el costo laboral unitario de la
economía, sobre todo si se quiere promover la competitividad de los sectores no
petroleros. En el caso venezolano actual, la violenta depresión del salario
real por la hiperinflación lleva a descartar la posibilidad de bajarlo aún más
para ganar competitividad. Por el contrario, la propuesta de un programa de
estabilización y reforma estructural debe tener como objetivo mejorarlo
rápidamente, conformando un ajuste expansivo que contraste con el cruel ajuste
contractivo instrumentado por el gobierno de Maduro.
De ahí que la
variable de ajuste que queda –amén de las correcciones macroeconómicas
imprescindibles en el corto plazo—es la mejora en la productividad. Esto tiene
dos componentes:
1) La mejora de la
productividad laboral, propiamente dicha, que tiene que ver con la
liberalización del mercado de trabajo, la reorganización del proceso productivo
y sobre todo (con el tiempo), la innovación y el cambio tecnológico incorporado
en maquinaria y equipo. En el corto plazo, empero, el principal avance lo
proveerá el aprovechamiento de la abultada capacidad ociosa que posibilitará la
libertad de importar insumos y maquinaria, así como el levantamiento de los
controles;
2) La reversión de
las externalidades negativas que incrementan los costos de producción. Éstas
tienen que ver con el cúmulo de controles, regulaciones y extorsiones que
entraban las actividades productivas y comerciales, como con el deterioro de la
infraestructura y de los servicios públicos, muchos de ellos, como la
electricidad, el agua y el internet, proporcionados solo en forma intermitente.
A ello habría que agregar la falta de seguridad, tanto personal como referente
al desempeño de los negocios (seguridad procesal y sobre la propiedad).
En principio,
avances relativamente substanciales en la mejora de muchos de estos aspectos
del entorno –levantamiento de controles y de alcabalas administrativas,
seguridad jurídica—son factibles en corto tiempo. El restablecimiento de
servicios de calidad y la adecuación de la infraestructura tardarán más tiempo,
pero con financiamiento de los multilaterales sus efectos se sentirán
progresivamente. De ahí que la productividad –en el sentido amplio examinado
acá para incluir las externalidades—podrá aumentar velozmente, permitiendo
mejoras salariales sin comprometer la confianza en el programa de estabilización.
Todo ello debe ser objeto de políticas industriales bien pensadas e
instrumentadas.
La argumentación
proseguida en estas líneas permite fundamentar una propuesta de tasa de cambio
inicial que no tiene por qué estar subvaluada o, por lo menos, no en alto grado.
Cabe señalar que, a la tasa de cambio oficial más recién al escribir estas
líneas (subasta del 13 de abril de 2018), el salario mínimo integral sería de
apenas USD 22 mensual (¡!), menos de un décimo del salario mínimo promedio en
los países suramericanos. Un obrero calificado que ganara cinco veces esa
cantidad tendría una remuneración de apenas USD 110. Para que el salario mínimo
integral existente en Venezuela desde el 28 de febrero se aproximara al
promedio de la región, el tipo de cambio tendría que ser, para mediados de
abril, 2018, de unos Bs. 5.000/USD, una tasa acentuadamente sobrevaluada e irreal.
Como señalamos
anteriormente, no es confiable estimar con algún grado de exactitud el TCRE para
un momento determinado en el medio de una hiperinflación como la que sufre
Venezuela en los actuales momentos. Con esta previsión, tiene de todas formas
valor indicativo el ejercicio realizado en el Anexo con base en la PPA. Ahí se
calculó al TCRE aproximado en Bs. 7.800 por USD para el cierre de 2017. Con una
inflación acumulada de 453,7% para los primeros tres meses de este año[20],
el TCRE ha debido estar en torno a los Bs. 40.000 / USD para el 31 de marzo,
2018. Esta cifra es significativamente menor a las que arroja la comparación
entre una misma canasta de consumo en Venezuela y, digamos, Barranquilla,
Colombia. Una explicación plausible, además de las discrepancias metodológicas
respecto a qué se está calculando y cómo, es que la estimación del Anexo recoge
el valor agregado --el PIB-- uno de
cuyos dos componentes, la remuneración salarial es, a precios de mercado,
ínfima. La comparación de precios de una misma canasta, por el contrario, se
refiere al valor de la producción bruta,
es decir, incorpora el valor de insumos producidos en otro lado, sensible al
tipo de cambio. Sea como sea –y al respecto debe continuarse los esfuerzos para
aproximarnos a un cálculo creíble--, la diferencia entre ambos cálculos pone de
manifiesto un margen apreciable dentro
del cual confiar las posibilidades de estabilizar una tasa de cambio unificada
que no sea percibida necesariamente como desalineada y, por tanto, insostenible.
El problema será, como fue indicado arriba, lograr que un programa consistente,
fundamentado y bien conducido de estabilización, así como el respaldo de
un monto generoso de financiamiento externo, confiera la necesaria credibilidad y confianza. El nivel inicial tan
bajo de salario real otorga un margen de error tolerable, sobre todo si se
logran aprovechar rápidamente las capacidades ociosas del aparato productivo y
se corrigen rápidamente las externalidades negativas.
Algunas implicaciones monetarias
En este escrito no
se ha analizado en profundidad lo referente a las políticas fiscales y
monetarias que fundamentarían la unificación del tipo de cambio en un régimen
de libre concurrencia, porque ello correspondería a otro trabajo. Sí se enfatizó
la dificultad que tendría sanear las cuentas públicas sin contar con
financiamiento externo, más si se dolariza la economía. Es menester hacer
referencia, además, a algunas repercusiones monetarias de la unificación del tipo
de cambio en torno a una tasa que sea sostenible en el tiempo, pues ello se
asocia a la política cambiaria que se propone a futuro.
El cuadro N° 3
registra los efectos de distintas tasas de cambio sobre la liquidez monetaria.
Para el 30 de marzo, su monto era de Bs. 423,7 billones. Saldos deficitarios en
la balanza comercial habrán de recoger bolívares, sin contar las necesidades de
pago de la deuda externa[21].
La absorción de liquidez dependerá tanto de la brecha a cubrir como del tipo de
cambio a aplicar. La liquidez remanente conque habría de funcionar la economía
se obtiene restando las cifras respectivas del cuadro, de los Bs. 423,7
billones de liquidez existentes. Las cifras en rojo identifican niveles de
absorción que podrían comprometer la disponibilidad de dinero requerido para la
reactivación económica. El extremo inferior del rango (para mediados de abril, 2018)
de Bs. 50.000/USD parecería poder acomodar suficiente liquidez para ello, hasta
con brechas comerciales de $5 millardos. Pero con el rango superior de Bs.
125.000 el efecto astringente crítico se asoma a partir de brechas comerciales
de sólo $3 millardos.
Cuadro N° 3
FUENTE: BCV; cálculos propios
Cabe señalar con
respecto al ejercicio de sensibilidad anterior que la demanda por importación
en el corto plazo se disparará al levantarse los controles y al poder disponer
de divisas para traer los insumos y equipos para la reactivación. Es decir, la
presencia de brechas comerciales en el corto plazo no es un supuesto irreal y,
más bien, el ejercicio pudiera haberlas subestimado. Por otro lado, de incluir
saldos netos de deuda a pagar, la absorción de liquidez se acentuaría.
Si se supone una
estrecha correlación entre inflación, liquidez y tipo de cambio, no sería
necesario repetir este ejercicio con tasas cambiarias mayores en la medida en
que aumentase la inflación, pues lo importante es la relación existente entre
liquidez y PIB nominal. Esta relación ha venido disminuyendo significativamente
desde 2015, siendo según estimaciones realizadas del PIB nominal para 2017,
menos de la mitad de la relación existente para aquel año. Según la ecuación
cuantitativa del dinero (PT = MV), la inflación se asociaría a un aumento en la
velocidad de su circulación y a una caída en la actividad económica
(transacciones). Una economía en reactivación, por el contrario, restablece la
demanda por saldos reales en la medida que se recupera la confianza. Se reduce
la velocidad de circulación del dinero por lo que requiere proporcionalmente más
liquidez con relación al tamaño de su PIB. El multiplicador monetario, por ejemplo,
está entre 1,24 y 1,46 en lo que va de 2018 (hasta marzo), niveles
históricamente mínimos, mientras en los años ’70 se encontraba por encima de
tres.
La simulación de los
requerimientos de liquidez para la reactivación económica ameritaría un modelo
que escapa de los alcances de este trabajo. No obstante, lo argumentado sirve para
alertar que, a pesar del desbordamiento actual de las variables monetarias y su
incidencia sobre la inflación, el ajuste cambiario planteado a partir de los
niveles tan amplios de sobrevaluación recientes bien pudiera plantear el problema
inverso, una astringencia de liquidez que impediría la reactivación. Esta
posibilidad sería aún más amenazante al tomar en cuenta la drástica reducción
real del sistema financiero venezolano a causa de la hiperinflación. Nuevamente,
la solución más plausible está en la contratación de un crédito externo que,
sujeto a un programa creíble, permita solventar las insuficiencias que puedan
presentarse.
La política cambiaria en el tiempo
Una vez
estabilizado el tipo de cambio y alineada la inflación con la de los
principales socios comerciales del país, debe instrumentarse una política
cambiaria activa que neutralice la tendencia a la sobrevaluación de la moneda a
causa de la captación de rentas internacionales por la venta de crudo, si se
quiere promover una estrategia de desarrollo basada en la competitividad de
sectores no petroleros para superar las insuficiencias de la economía rentista.
Es decir, mantener el precio de la divisa en torno a sus niveles reales de equilibrio (según la PPA) no
puede dejarse a la libre acción de las fuerzas de mercado, dada la paradoja
cambiaria de Venezuela. Esto obliga a la acumulación de reservas
internacionales por parte del BCV, lo cual fortalece, de paso, la sostenibilidad
del tipo de cambio. Pero tal política habrá de arrojar dinero base a la
circulación. Evitar que ello tenga efectos inflacionarios que comprometan el
programa de estabilización dependerá de la capacidad de remonetizar la economía
y de ciertas reformas institucionales que habremos de proponer de seguidas. En
lo inmediato, el ajuste en el precio de la divisa habrá de absorber una
proporción importante de liquidez, como lo indica el ejercicio de simulación
realizado arriba. No obstante, este efecto desaparece al estabilizarse este
precio.
La remonetización
es función de la reactivación de las transacciones económicas y de la confianza
restaurada en la moneda local, que animaría invertir y ahorrar en bolívares. Evitar
efectos inflacionarios requiere, por tanto, de políticas que afectan la demanda
de dinero, no de políticas que restrinjan su oferta, como ha sido la usanza de
los programas ortodoxos –contractivos-- de estabilización. De haber una
astringencia inicial de liquidez, habrá de aplacar las presiones inflacionarias.
En el tiempo políticas industriales efectivas que promuevan la iniciativa privada
y el emprendimiento, y redunden en el fortalecimiento de la capacidad innovadora
del aparato productivo, como sus disponibilidades de tecnología actualizada,
podrán ser decisivas para absorber liquidez. Es decir, solo el crecimiento
sostenido, basado en la inversión productiva, podrá remonetizar la economía a
niveles que conjure en el tiempo la amenaza de presiones inflacionarias. Desde
luego, queda abierta la esterilización monetaria a través de operaciones de
mercado abierto del Instituto Emisor.
Por otro lado, en
la medida en que la estrategia resulta exitosa y la economía eleva sus niveles
promedios de productividad, la renta petrolera –cuya vida, por demás, dependerá
de la proyección futura de este hidrocarburo como fuente energética principal--
habrá de disminuir su incidencia sobre el tipo de cambio, que dependería de
manera creciente de la productividad de los sectores no petroleros.
Por otro lado, es
menester tener en cuenta que la monetización de la renta petrolera ha ocurrido
históricamente a través del gasto público. Sin entrar en mayores explicaciones
por ahora, puede aventurarse que el manejo discrecional de la renta por parte
de distintos gobiernos para perseguir objetivos políticos ha estado en la raíz
de las distorsiones macroeconómicas e institucionales que explican el fracaso de
Venezuela. Impedir esta práctica es, por ende, un elemento que habría de
contribuir con un manejo autónomo de la política monetaria, coadyuvante con la
política cambiaria aquí propuesta. El Área de Desarrollo Económico del CENDES
ha propuesto la institución de fondos infraestructura, capital social,
pensiones y de estabilización macroeconómica a los cuales debería destinarse la
renta, sustrayéndola de las manos del gobierno de turno[22].
Estos fondos tendrían reglas de erogación blindadas por un gran acuerdo
nacional de manera de impedir su utilización discrecional para propósitos
clientelares. Los programas de gobierno pudieran financiarse sometiendo
proyectos a ser considerados por esos fondos, como si se tratara de una banca
de inversión internacional, cuya ejecución estaría sujeta a su supervisión. El
manejo de estos recursos tendría que ser transparente, abierto a inspección y
con rendición obligada de cuentas. A diferencia con la banca de inversión, los
recursos no tendrían que ser reembolsados, pues son de la nación.
Tal solución
requiere de un acuerdo consensuado, tanto a nivel de las fuerzas políticas como
del país en general, cuyas dificultades e implicaciones no serán discutidas en
este trabajo. Basta con admitir que la propuesta es contraria la cultura política
predominante de paternalismo estatal con que ha vivido Venezuela desde que el
petróleo se hizo su fuente principal de ingreso.
Reformas institucionales
La política cambiaria
propuesta requiere reformas institucionales que hagan factible su
instrumentación. Como condición previa, es menester restituir el Estado de
Derecho y el equilibrio de poderes entre los poderes públicos, menoscabados
perversamente por las apetencias de poder de quienes hoy ocupan el gobierno y por
los intereses creados en torno al Estado Patrimonial (Weber, M., 1978) edificado
a su amparo. Sin lo anterior es imposible generar la confianza y la
credibilidad respecto a las medidas a tomar, ni pueden crearse condiciones
propicias a la liberación de las fuerzas productivas y la iniciativa privada. Para
que éstas sean efectivas, deben plasmarse en un marco de derechos que otorguen las
seguridades requeridas para estimular el desarrollo de esfuerzos productivos
por parte de los agentes económicos.
La
estabilización del precio (único) del dólar en un mercado libre precisa de
equilibrios macroeconómicos para derrotar la inflación. La eliminación del
financiamiento monetario de la gestión pública y la sintonía entre la política
monetaria y la cambiaria requiere restituir la autonomía del BCV sobre las materias
que son de su competencia, conforme a lo dispuesto en la Constitución. Para ello
es imprescindible reformar Ley del Banco Central. Esta reforma debe también devolverle
al Instituto Emisor su condición de oferente público único de divisas para
asegurar la máxima consistencia entre las políticas monetaria y cambiaria. En
tal sentido, debe obligarse de nuevo a PdVSA, como a las empresas privadas que
se instalen para explotar nuestros recursos minerales, a cambiar las divisas
provenientes de sus exportaciones por bolívares en aras de atender sus
operaciones productivas y pagar impuestos, sólo con el Banco. Las inversiones
en moneda extranjera estarán eximidas de este requisito.
El saneamiento
de las cuentas públicas, la otra “pata” del programa de estabilización, amerita
una revisión completa de la normativa que regula el funcionamiento del Estado
en aras de facilitar la sinceración de los precios y tasas de los servicios
públicos y adecuar los programas de transferencia a unos de compensación
temporal por estos ajustes de precio. Debe reformarse este marco jurídico,
además, para favorecer la venta de activos que hoy son “desaguaderos” que drena
las arcas públicas.
Debe revisarse
la normativa que regula el funcionamiento del mercado de capitales, de manera
de mejorar el atractivo de invertir en papeles denominados en bolívares, factor
importante para profundizar el mercado cambiario en el tiempo.
Es necesario un
nuevo convenio cambiario, restringido sólo a las transacciones de la cuenta
financiera y de capital, que sustituya al existente (# 39) y asegure la liberación
de las transacciones de la cuenta corriente. Preferiblemente, la administración
del nuevo convenio, como de sus reglas de asignación, debería consultarse con
el FMI, aún antes de que pudiera alcanzarse un acuerdo de financiamiento con
ese organismo.
La capacidad de
respuesta esperada del aparato productivo ante las oportunidades que proveerá
la unificación y liberación del tipo de cambio requerirá la derogación de
numerosas leyes que son fuentes de extorsión y de otras corruptelas, que asfixian
sus actividades. Cabe señalar, en particular, las leyes de Ilícitos Cambiarios
y de Precios Justos. Esta última debe ser reemplazada por leyes de Protección
del Consumidor y de Promoción de la Libre Competencia. Adicionalmente, es
menester disolver el monopolio otorgado a la Fuerza Armada para la importación
y distribución de alimentos y medicinas. Políticas industriales con incentivos
tributarios y financieros a la actividad productiva deben contribuir también a destrabar
y hacer más atractiva la inversión directa en sectores de la economía
venezolana.
La posibilidad
de aprovechar cabalmente las ventajas de Venezuela como poseedora de grandes
yacimientos petroleros para atraer capitales internacionales, una vez se le
permita a esta industria cambiar sus dólares a la tasa unificada, ameritará
reformas en los instrumentos legales que hoy la regulan. En este orden, debe revisarse
el artículo 302 de la Constitución, eliminando la reserva de esta actividad al
Estado, como de la explotación de otros minerales, que ahí se determina. La
revisión de las leyes Orgánica de Hidrocarburos y de las referidas al Arco
Minero debe contemplar la apertura de estas actividades a la inversión privada,
nacional y extranjera. Asimismo, es importante un estudio que determine las
condiciones más favorables de tributación de esta industria en aras de
optimizar en el tiempo sus aportes al desarrollo del país. La magnitud de las
reservas petroleras disponibles y el horizonte temporal restringido que enfrenta
su explotación --dados los cambios estructurales en el mercado energético
mundial-- sugieren un marco regulatorio que incentive el incremento sostenido
de su producción y la generación de condiciones propicias al desarrollo de
actividades aguas abajo que le añaden más valor. En particular, debe procurarse
incentivar el fortalecimiento de las industrias conexas y facilitar que sus
conocimientos y capacidades tecnológicas puedan convertirse en fortalezas que,
en el tiempo, sean transferibles a otras actividades.
Conclusiones
Cambios
imperativos de la política económica son necesarios para atajar la brutal caída
en las condiciones de vida de los venezolanos y poder reactivar la economía. El
actual régimen cambiario es uno de los principales obstáculos a superar, pues
ha promovido la fuga de capitales, la hiperinflación, con el consecuente
envilecimiento del bolívar, el agotamiento de las reservas internacionales y la
proliferación de groseras corruptelas, en detrimento de las necesidades más
sentidas de la nación. El control de cambio tiene literalmente asfixiada a la economía
venezolana, como a la salud de sus habitantes.
Existe consenso
en la importancia decisiva que tiene la unificación y estabilización del tipo
de cambio para desmontar este control y poder derrotar la hiperinflación que
hoy destruye el bienestar de los venezolanos. Ello forma parte de un programa integral
de estabilización macroeconómica, como de las subsiguientes reformas para que el
país recupere sus posibilidades de sostenida mejora en los niveles de vida de
su población. La consistencia entre las políticas fiscal, monetaria y cambiaria,
así como la disponibilidad de un generoso financiamiento externo, son decisivas
para el éxito de tal programa, y para promover y sostener los cambios
requeridos. La política cambiaria, en particular, debe formularse, tanto para
sortear las dificultades que, en lo inmediato, puedan hacer abortar el
propósito de unificación y estabilización del precio de la divisa, como en
función de los objetivos de desarrollo de más largo plazo. Con relación a este
último aspecto, es importante discernir las características deseadas de la
economía que se aspira promover. Cabe señalar que la tasa de cambio incide en
los precios relativos de distintas actividades y, a tal efecto, afecta la
distribución del ingreso y la asignación de recursos productivos entre ellas.
Vislumbrar el modelo de desarrollo propicio para lograr las condiciones de crecimiento
con equidad deseadas, constituye una referencia necesaria para optimizar la
política cambiaria. Si la idea es enterrar definitivamente el modelo rentista y
reemplazarlo por el desarrollo competitivo de distintos sectores, la política
cambiaria debe viabilizar tales propósitos.
En el marco de
estos y de otros criterios, se ha planteado una interesante discusión sobre las
opciones más convenientes a adoptar en materia cambiaria, tanto para derrotar
la hiperinflación como para asentar bases sólidas para la recuperación y el crecimiento
en el tiempo. La propuesta de dolarizar la economía parece en principio muy
atractiva, por cuanto confiere credibilidad a los esfuerzos por abatir la
hiperinflación: la eliminación de la moneda local impone una camisa de fuerza
al gasto público, haciendo prácticamente imposible los déficits que han venido
alimentando este flagelo. Empero, esta condición “virtuosa” de la dolarización implica
ajustes inmediatos en las cuentas públicas que pueden ser muy dolorosos, dada
la magnitud de estos déficits. Ello pone de relieve la importancia de contar
con respaldo financiero internacional para cubrir ésta y otras brechas. Más
hacia el mediano y largo plazo, la opción de dolarizar una economía tan
dependiente de un solo producto de exportación como la nuestra incrementa su
vulnerabilidad externa y compromete sus posibilidades de desarrollo sostenido,
sobre todo porque la disponibilidad de recursos monetarios estará sujeto a la
acción de factores ajenos.
Debe señalarse
que, en América Latina, episodios de hiperinflación en distintos países han
sido superados sin recurrir a la dolarización. Las opciones basadas en la
moneda local enfrentan otros desafíos, empero, fundamentalmente el de la
credibilidad de la política cambiaria instrumentada. Al respecto, se ha argumentado
a favor de fijar el tipo de cambio, ya que “ancla” visiblemente los precios
domésticos, desactivando así las presiones inflacionarias. No obstante, en un
país con distorsiones tan severas como el nuestro, concatenar exitosamente las
medidas requeridas para hacer confiable una tasa fija de cambio no está exenta
de riesgos. Cazarse con un precio predeterminado de la divisa puede despertar
aprehensiones, con base en pasadas experiencias, de que será vulnerado. Tener
que alterar un tipo de cambio anunciado como fijo sería percibido como un
fracaso de la política. De derribarse la confianza en el esquema propuesto
pueden generarse ataques contra el tipo de cambio que se retroalimentan como
“profecías autocumplidas”, derrotando el programa de estabilización.
Los
riesgos comentados llevaron a sustentar en este trabajo la conveniencia de
ejecutar una política cambiaria centrada inicialmente en la liberación solo de
las transacciones de la cuenta corriente, con un tipo de cambio flexible
(flotación sucia) que apunte en el tiempo a sus niveles reales de equilibrio. En
estas condiciones es factible manejar el deslizamiento del precio del dólar sin
que se perciba como que la política está fracasando. El respaldo de un
sustantivo financiamiento de organismos multilaterales, amén de las políticas
de estabilización macroeconómica adecuadas y creíbles, serán decisivos para que
esta política tenga éxito. Las transacciones de la cuenta financiera y de
capital se procurarían liberar lo más pronto que fuese posible --contingente a
la conquista de la confianza en el tipo de cambio liberado-, para minimizar las
distorsiones causadas por la dualidad cambiaria.
La
conveniencia de esta opción estriba en el margen de ajuste que permite el muy
reducido costo laboral unitario que actualmente presenta la economía
venezolana. Éste se deriva de los bajísimos sueldos que, lamentablemente, han
resultado de la hiperinflación, y del hecho que la productividad haya caído en menor
grado. Esta última debe convertirse en la variable de ajuste que le de solidez
a la propuesta cambiaria, junto al colchón de reservas que proveerá el financiamiento
internacional. La mejora rápida de las externalidades negativas que hoy pesan
tanto sobre las actividades económicas del país, junto al rápido aprovechamiento
de las capacidades ociosas existentes al permitir la compra libre de insumos,
maquinaria y repuestos en el mercado internacional a tasas cambiarias que
reflejen el costo de oportunidad real de la divisa, habrán de ofrecer suficiente
espacio para que la estabilización de su precio sea consistente con una mejora acelerada
en la capacidad adquisitiva de las remuneraciones. Además, minimizar en lo
posible la subvaluación inicial del bolívar ofrece un piso política y social
que mejora su viabilidad. Ello se enmarca en la naturaleza expansiva de las
medidas propuestas, en oposición al ajuste contractivo draconiano impuesto por
el gobierno de Maduro.
Sea
cual fuera la propuesta, es menester resaltar la importancia decisiva que
tendrá la consecución de un financiamiento internacional amplio y comprensivo
con las necesidades de ajuste. El verdadero “ancla” para estabilizar en plazo
perentorio a las variables económicas está en el programa de financiamiento, sustentado
en políticas sólidas y coherentes.
Una
vez superados los desafíos de la estabilización del precio de la divisa en el
corto plazo, la política cambiaria debe orientarse a reflejar en el tiempo sus
valores reales de equilibrio. Venezuela padece de los efectos relacionados con
la captación de rentas internacionales por sus exportaciones de crudo, que sobrevalúan
la moneda y dan lugar a las distorsiones asociadas a la llamada “enfermedad
holandesa”. Históricamente, ello ha dificultado el desarrollo competitivo de
los sectores no petroleros. Las autoridades nunca mostraron interés en corregir
este sesgo, ya que devaluar tiene un costo político que es desearon siempre
evitar y la balanza comercial solía estar en superávit a pesar de que el bolívar
esuviese sobrevaluado (la paradoja cambiaria de Venezuela). Finalmente, la
renta confirió un poder adquisitivo superior al que se derivaba de la
productividad comparativa de la producción doméstica y constituyó un elemento
central del contrato social implícito a la democracia representativa.
Corregir estos efectos para promover el
desarrollo competitivo del país requiere de una política cambiaria activa,
basada en la compra de dólares y la acumulación de reservas internacionales.
Ello contribuirá al fortalecimiento del tipo de cambio. Tiene como
contrapartida, sin embargo, la inyección de dinero base en la economía que, en
principio, pudiera poner en riesgo las metas inflacionarias que legitiman el
programa de estabilización y las reformas subsiguientes. Podemos confiar en que
el efecto
astringente que ejerce sobre la liquidez el nuevo tipo de cambio en presencia
de saldos netos negativos de la balanza de pagos y, sobre todo, la
remonetización que acompaña a una economía en franca reactivación, conjuren
estas presiones inflacionarias. Del resto, están los
instrumentos de política de mercado abierto a disposición de un Banco Central
que ha recuperado su autonomía.
La política cambiaria propuesta y las
reformas que habrán de servirle de sustento requieren de modificaciones institucionales
para su adecuada instrumentación, como aquellas vinculadas con la
despenalización y liberación de muchas actividades, y la eliminación de la
reserva que se arroga el Estado para el ejercicio de algunas de ellas. Las consideraciones
de economía política y las reacciones que podrían suscitarse en respuesta al
programa propuesto serán importantes tener en cuenta para tomar las previsiones
que aseguren su éxito.
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ANEXO
Notas Metodológicas acerca del cálculo del Tipo de Cambio
Real de Equilibrio
De acuerdo a
la paridad del poder adquisitivo (PPA), el TCR = e x p* / p, donde p* es
el precio de una canasta de bienes en moneda extranjera, p el precio de esa misma
canasta en moneda local, y e el tipo de cambio nominal. Está en
equilibrio cuando esa relación es igual a la unidad, lo que significa que el
poder de compra externo de la moneda nacional, al tipo de cambio vigente,
equipara su poder de compra doméstico.
En este ejercicio, el valor
de la totalidad de bienes y servicios producidos en un año, el PIB, se ha
tomado como la canasta a comparar. En bolívares, es el PIB a precios corrientes.
En USD también es el PIB (de Vzla.) corriente, pero calculado con base en los
índices de inflación en EE.UU. a partir de un año base (1997). Para ello se convirtió
a dólares la serie del PIB constante (1997-2017) al tipo de cambio del año base
(Bs. 489,96/$) y se “inflactó” cada año con base en el IPC de los EE.UU. Al
dividir el PIB corriente en bolívares por su homólogo en dólares así obtenido,
se obtiene el TCRE implícito.
Sin embargo, existen algunos
inconvenientes con esta metodología:
·
Se está
comparando una misma canasta de bienes y servicios, pero “inflado” con
deflactores que son de naturaleza distinta. En bolívares, el PIB corriente es
igual al PIB constante multiplicado por el deflactor implícito del PIB.
Al desconocer el deflactor implícito del PIB en USD se utiliza el IPC de EE.UU., según www.usinflationcalculator.com.
·
Se conocen las cifras del PIB constante a precios de
1997 hasta el año 2016 (reporte de la República ante la Securities and Exchange Commission --SEC-- de los EE.UU). Para 2017
se estimó el PIB suponiendo una reducción del 13,2% con respecto al año
anterior (variación anunciada por el diputado José Guerra, de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo
Económico de la Asamblea Nacional).
·
En bolívares corrientes el BCV sólo ha publicado
cifras hasta 2014. Para 2015 se estimó el PIB corriente inflando el de 2014 con
base en el IPNC para 2015, y ajustándolo por la caída del PIB a precios constantes
registrada en el reporte a la SEC. Para
el año 2016 se utilizó el mismo procedimiento, pero usando el IPC-AN anunciado
por la Comisión Permanente de Finanzas y
Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Se procedió igualmente para
2017, pero con base en la caída del PIB real mencionada arriba.
·
Cabe señalar que la relación entre el INPC y el
deflactor implícito del PIB con base al año 1997 es bastante cercano, siendo el
deflactor del PIB ligeramente superior hasta 2013 y luego un 6,6% inferior para
2014.
·
Utilizar el IPC-AN en el cálculo del PIB corriente
para los años subsiguientes a 2014 plantea dos problemas básicos: 1) la caída
en los salarios reales experimentado en esos años, sobre todo en 2017, tiende a
hacer que el incremento en el valor agregado (PIB) sea menor al valor de la
producción bruta, que recoge los insumos importados y constituyen la base de la
medición del IPC. Es decir, podría estarse sobreestimando el PIB corriente
utilizando este índice. 2) Existe una inflación reprimida que es ocultada por
el desabastecimiento. Tal escasez es indicio de que los precios de equilibrio
deberían ser más altos que la variación de precios registrados por cualquier
levantamiento de datos a nivel de comercios. Igualmente, la existencia de
precios controlados que se cumplen en algunos comercios, pero en otros no,
tiende a subestimar el IPC. Los efectos anteriores son de signo contrario. A
falta de otro indicador, puede suponerse que tienden a anularse entre sí para
justificar el IPC como proxy del
deflactor implícito del PIB.
·
Es obvio que las imprecisiones mencionadas hacen del
cálculo del TCRE un ejercicio sólo aproximado, sobre todo para los años
posteriores a 2014.
[1] Convenio
Cambiario N° 1, Gaceta Oficial N° 37.625.
[2] Gaceta
Oficial N° 38.272 del 14-09-05
[3] Gaceta
Oficial N° 37.737 del 22 07 2003.
[4] Gaceta
Oficial N° 38.879.
[5] Gaceta
Oficial N° 39.439.
[7]
Durante el control de cambio (hasta finales de
2016), salió casi el 80% del total registrado por estas cuentas, más de ocho
veces más que en el período 1959-1998.
[8]
Clásicamente ocurre a través de la sobrefacturación de importaciones y/o la
subfacturación de exportaciones. En la Venezuela de estos años a ello se le
suman contratos, compras, operaciones de crédito de empresas estadales, órganos
públicos o de empresas “de maletín” (inventadas) para optar por el dólar
barato.
[9]
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/aristobulo-isturiz-control-cambio-venezuela-una-medida-politica-economica_3841
[10] Se
refiere a la imposibilidad de tener políticas monetarias y cambiarias autónomas
si se tiene libre movilización de capitales. O se restringe el movimiento de
capitales, se desiste de fijar o incidir en el precio de la divisa, o se sujeta
la política monetaria en función del objetivo cambiario, por lo cual pierde su
autonomía.
[11]
Se
explica por el rezago de la fecha de cobro efectivo con relación a la fecha en
que son causados los impuestos. El tiempo entre ambos reduce la recaudación
real por efectos de la hiperinflación.
[12] Se teme
que el anonimato de las transacciones que otorga la tecnología atraiga
operaciones de lavado de capitales.
[13] Los autores abogan, luego de un periodo inicial de liberación, la
flexibilización del tipo de cambio dentro de un sistema de bandas que apunte,
eventualmente, a una política de flotación abierta.
[14] El
servicio de la deuda interna si mejorará el ajuste fiscal al converger las
tasas de interés -dolarizada la economía- con la de EE.UU.
[15] Un bien transable es aquel que es comercializable tras fronteras. Un bien no transable es aquel que no puede
importarse ni exportarse. Cumple con la condición de: Pintl c.i.f. x (1 + t) > Pdom. > Pexport
f.o.b., donde Pintl = precio
internacional del bien; t = impuesto de importación; Pdom. = precio en el mercado doméstico
del mismo bien; y Pexport = su
precio de exportación. La no
transabilidad estará afectada, por ende, por los costos de flete y seguros
internacionales, los impuestos aduanales y el tipo de cambio. Cambios en estos
parámetros pueden convertir un bien no
transable en transable o
viceversa.
[16] Para una discusión más detallada de los alcances y
limitaciones de esta metodología de cálculo, véase, García L., Humberto, Política cambiaria, diversificación productiva y
competitividad en Venezuela, tesis doctoral,
CENDES, UCV, 2003.
[17]
Estos precios se explican tanto por las
acciones colusivas de la OPEP, como por la ineficiencia comparativa de los
productores marginales domésticos en EE.UU., legitimados por la política de
'seguridad energética' en ese país. Según cálculos propios, la renta petrolera
ha promediado un 16% del PIB durante el período 1974-2014, una cifra
impresionante
[18] La
pérdida de competitividad durante esos años fue anulada por fuertes barreras
proteccionistas.
[19]
Los insumos, en una economía abierta, adoptan
precios internacionales, por lo que no son “ajustables”.
[20] Cifras
de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea
Nacional.
[21] Por los
momentos, puede suponerse una
reestructuración con años iniciales de gracia y/o un roll-over continuo
[22]
Éste habrá de financiarse con la
tributación interna, tasas a los servicios prestados y endeudamiento
sostenible, como hacen los demás países. Para una mayor discusión de esta tesis, véase, García
L., et. al., La ilusión de la Siembra del
Petróleo, CDCH, UCV (en preparación)